La defensa del guía Víctor Alcázar, señalado como delator de los tres caciques de Paya asesinados el pasado 18 de enero por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), solicitará hoy la libertad de su cliente por falta de pruebas.
El abogado de Alcazar, José Ramiro Fonseca, señaló que acudirá a la Fiscalía Superior Especial a presentar un escrito de libertad para su cliente por la falta de pruebas que lo vinculen con la muerte de los caciques Pascual Ayala, Luis Martínez y Ernesto Ayala.
Fonseca aseguró que las declaraciones dadas por los reporteros norteamericanos Marx Wedever, Roberto Young Pelton y la canadiense Megan Smaker, han liberado de toda responsabilidad a Alcázar, por lo que debe ser puesto en libertad.
En tanto, una fuente del Ministerio Público reveló que se adelantan coordinaciones con la Policía Nacional para realizar una expedición hacia Cerro Tugun, en donde se presume se encuentra el cuerpo del indígena Daniel Gutiérrez, supuestamente asesinado por el mismo grupo de paramilitares que incursionó en Paya y Púcuru.
La fuente precisó que para establecer una posible relación entre los asesinatos de Paya con la supuesta muerte de Gutiérrez, es necesario ubicar el cuerpo y determinar las causas de su deceso.
Detalló que a la fecha sólo se tienen los testimonios de varios indígenas que se dirigían hacia la población colombiana de Urquía junto a Gutiérrez, cuando fueron interceptados por un grupo de paramilitares a la altura de Cerro Tugun.
También se informó que unidades de la Policía Nacional arrestaron en la población de Boca de Cupe a los colombianos Benancio Córdoba, Luis Romaña, Azael Córdoba y Carlos Romaña, a quienes se señala como miembros de grupos insurgentes colombianos.
Se informó que los cuatro colombianos fueron trasladados hacia la cárcel de La Palma, Darién, para ser interrogados por el Ministerio Público con relación a otros hechos delictivos registrados en la región.
Por otra parte, un informe de una misión de la Defensoría del Pueblo que visitó la comunidad de Boca de Cupe, reveló que los indígenas desplazados provenientes de Paya y Púcuro esperan que las autoridades panameñas respeten más los derechos fundamentales y les proporcionen mayor seguridad y atención médica.
El documento destaca que los indígenas de las comunidades afectadas por las incursiones de los paramilitares colombianos tienen temor de volver a sus comunidades, ya que han recibido amenazas de que éstos regresaran a quemar las casas y a ejecutar a quienes colaboren con las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Actualmente se encuentran en la escuela de Boca de Cupe un aproximado de 475 personas que han abandonado sus comunidades, de las cuales 277 provienen de Paya, 106 de Balsal, 79 de Boca de Paya y 13 de Madugandí; en su mayoría indígenas de las etnias Kunas y Emberas Wounan.
Mientras que en la alejada comunidad de Punusa se encuentran aproximadamente 174 personas en estas condiciones entre niños, mujeres y hombres de distintas edades, que actualmente no están recibiendo ningún tipo de atención o ayuda humanitaria y enfrentan grandes dificultades para obtener productos básicos o de primera necesidad y medicamentos.
De acuerdo con James Bernard, secretario general de la Defensoría del Pueblo, en Boca de Cupe también permanecen grupos de ciudadanos colombianos desplazados por el conflicto, que se han movilizado a través de la frontera.
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