Lo que trata de evitar la entidad son los costos de mantenimiento que significan tener los bienes bajo control, donde hay fincas, apartamentos, casas, vehículos, naves, helicópteros, entre otros.
El subsecretario general del Ministerio Público, Ramiro Esquivel, explicó que aspiran a que los bienes incautados, luego que han recibido la autorización del juez, se puedan ir vendiendo y que los dineros pasen a ser depositados en una cuenta.
Actualmente la Procuraduría a través de una auditoría investiga a la empresa de bienes raíces encargada del alquiler de los inmuebles.
Buscan determinar si fue ganada la participación de la empresa a través de una licitación y cómo ha sido el flujo de ingresos y egresos.
Por ejemplo, la Fiscalía Primera de Drogas que tiene a su cargo el expediente del proceso penal seguido al supuesto narcotraficante colombiano del cartel del Valle, Arcángel De Jesús Henao Montoya, aprehendió en enero del 2004 los bienes del capo incluyendo una finca y residencia ubicada en Tortí de Chepo.
Actualmente existe un administrador, el cual fue nombrado por la fiscalía para custodiar el bien inmueble, este funciona como depositario judicial hasta que se obtenga una decisión formal del juez.
El depositario que conoce el manejo de la finca tiene la responsabilidad de reportar las ganancias, gastos e ingresos a la Contraloría, al juzgado y a la fiscalía.
La Ley de Drogas permite que los fiscales, debidamente autorizados, se conviertan en administradores y como tales pueden disponer que terceras personas sean depositarios de bienes incautados.
Según el presidente de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, Ricardo Beteta ellos cuentan con el apoyo de algunos diputados, y aseguró que mantienen conversaciones con algunos de ellos para poder presentar el documento ante el pleno.
Sin embargo, expresó su preocupación, ya que a su juicio hay intenciones de algunos diputados para "matar" el proyecto, solo por criterios religiosos, homofóbicos y discriminatorios.
Beteta negó que el proyecto riña con la Constitución Nacional, ya que el documento no busca establecer en la ella lo que algunos consideran "el tercer sexo", pues éste no existe.
El diputado Bernardo Ábrego (PRD), de la Comisión de Derechos Humanos, sostiene que este anteproyecto atenta contra el principio fundamental de Dios. Yo no estaría dispuesto a apoyarlos, sostuvo.
