El Gobierno Nacional proyecta aplicar en el país una propuesta de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) con el fin de hacer más eficiente la justicia administrativa y evitar la imposición de penas de cárcel que incrementen el número de reclusos en los centros penitenciarios del país.
De acuerdo con el viceministro de Gobierno y Justicia, Adolfo Aguilera, algunas de las propuestas buscan modificar las penas privativas de la libertad aplicadas por los alcaldes y corregidores, para que se incluya el trabajo opcional voluntario en favor de la comunidad en reemplazo de la pena privativa.
En esta propuesta se le dará la oportunidad al sancionado de optar entre cumplir la pena privativa de la libertad o en su reemplazo cumplir con una serie de horas o días de trabajo comunitario gratuito a favor de la comunidad, "pero con énfasis de que el fallo de la autoridad de policía no puede obligar a trabajar al sancionado, es una opción que el involucrado puede tomar o no", recalcó.
La propuesta de los asesores de la AID incluye algunas ideas de tipo procesal como convertir el proceso policivo en una actividad más expedita, concentrando en un mismo acto la contestación de la demanda civil de policía.
En ese mismo acto, de forma simultánea, se celebra la audiencia, se presentan pruebas y alegatos y allí mismo se falla con el propósito de hacer más expedita la justicia administrativa.
De acuerdo con Aguilera, la AID plantea también la necesidad de actualizar las infracciones policivas que consagran la legislación vigente.
"Muchas de las infracciones policivas fueron consagradas hace mucho tiempo y por ser muy antiguas se requiere modernizar estos tipos de infracciones administrativas, además de establecer otras necesarias acordes con la realidad del Panamá moderno", acotó.
Expresó que la propuesta de los asesores de la AID puede aplicarse a Panamá, reformando el Código Administrativo que incluye las normas administrativas que consagran las penas para las infracciones de tipo policivo, puntualizó.