La próxima semana el Ministerio de Salud presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca certificar a los profesionales de la salud, egresados de las universidades nacionales y extranjeras, informó el titular de esta cartera, Fernando Gracia. Indicó que el proyecto será obligatorio para los nuevos profesionales y no así para los profesionales ya existentes, porque para ellos es optativa.
Detalló que el proyecto establece la certificación y recertificación a unos 22 gremios de la salud, desde enfermeras, odontólogos, cardiólogos, auxiliares, especialistas, laboratoristas, entre otros. Precisó que la iniciativa busca examinar a los profesionales de la salud del país para otorgarle licencia e idoneidad profesional, tal como se hace en Estados Unidos y otros países.
Detalló que una vez se apruebe en la Asamblea Legislativa la ley de certificación y recertificación se iniciará este proceso con los gremios de la salud que suman los 22. Explicó que el proceso de certificación se hace mediante un examen que garantiza su nivel profesional, alta calidad y mayor ética. Planteó que el principal objetivo de esto es que los pacientes reciban una atención de alta calidad médica y con sentido humanitario.
Ese centro tendría todas las condiciones para hacer el trabajo de resocialización, que no se puede hacer en los centros policiales y le permitiría a los detenidos estar en su misma área sin tener que ser trasladados a la ciudad capital o Colón, lejos de sus familiares.
No obstante, este proyecto, aún en estudio, ha tenido opiniones en contra dentro de las mismas comunidades, porque los residentes sienten inseguridad el tener una cárcel en sus predios. Corro recalcó que los centros de detención en los cuarteles están todavía más próximos a las comunidades de lo que pudieran estar los que incluye este proyecto.
El proyecto, destacó, a la vez que necesitará de mano de obra para su construcción, requerirá de personal administrativo y de productos de abastecimiento que resultarán en beneficios para la comunidad. Corro dijo que esta infraestructura es costosa y se requiere evaluar el terreno, que todavía no se tiene, para luego programar la realización de los planos.
"Todos los detenidos en el país tienen que salir algún día de los centros penitenciarios, por lo que hay que darles una oportunidad de cambio, a través de la resocialización", manifestó con optimismo Concepción Corro.
Otro reclamo proviene de los docentes orientadores graduados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, quienes pese a sus títulos denuncian que no se les ha hecho justicia y se ha nombrado a otras personas.
Al ser entrevistado el profesor Francisco Rojas, director del Departamento de Orientación Educativa y Profesional, manifestó que desde años anteriores y amparados en la Ley No. 34 los egresados de la carrera de Orientación deben tener prioridad en los nombramientos. El concurso en estas categorías está impugnado y según indicaron algunos educadores afectados, el día lunes protestarán ante las instalaciones de la Junta de Personal hasta que se resuelvan legalmente sus casos.
