Un anteproyecto de ley mediante el cual se obliga a los funcionarios a actualizar anualmente su declaración de bienes patrimoniales presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Legislativa, José Blandón Figueroa, legislador del Partido Arnulfista.
Según el proponente, el hecho de que el funcionario esté obligado a actualizar anualmente su declaración de bienes, permitirá que se conozca un registro que permita hacer una comparación y determinar si hay alguna variación en el patrimonio de quienes presenten servicio en los puestos de jerarquía del sector público.
Blandón expresó que en la medida que haya más transparencia en la gestión pública, habrá menos corrupción en el manejo de los bienes y recursos del Estado y por eso presenta esa propuesta.
La misma propuesta de ley establece que cualquier persona puede denunciar un posible caso de enriquecimiento ilícito, sólo con una prueba "indiciaria", es decir, con un indicio de que exista una anormalidad en el incremento del patrimonio de la persona.
El legislador explicó que la misma propuesta establece que no es necesario que exista una investigación de parte de la Contraloría de la República para que el Ministerio Público pueda iniciar un proceso al respecto, después que exista una denuncia de por medio.
Recalcó que el Ministerio Público puede realizar una investigación, aunque de parte de la Contraloría de la República no exista un proceso administrativo al respecto.
A la vez se dispone que cuando la Contraloría de la República tenga conocimiento de hechos o circunstancias que puedan constituirse en el delito de enriquecimiento ilícito, estará obligada a remitir una copia autenticada a la Procuraduría de la Nación.
Advirtió que si el sector obrero se rehusa a continuar con el diálogo, el PNUD seguirá adelante con los otros grupos interesados.
Señaló que desean reanudar las dos mesas temáticas de Riesgos Profesionales e Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para discutir cuánto tiempo más requieren para terminar su trabajo y luego desarrollar una nueva plenaria.
Explicó que la semana pasada se reunieron con el sector obrero, el cual consultará con sus bases para ver si continúan o no con el diálogo.
Precisó que se hará todo por consenso porque la petición de un grupo no fue acogida y por lo tanto, los trabajos todavía están pendientes.
"No hay tiempo estipulado, todo depende de lo que los grupos necesiten para realizar su trabajo", sustentó.
El PNUD tuvo que cerrar la última plenaria ante la falta de consenso para realizar la votación, ya sea para continuar con el debate o clausurarlo, tal como fue la solicitud del sector obrero.
En su propuesta el sector obrero reitera su intención de que el diálogo sea clausurado. Algunas de las alternativas planteadas como posibles soluciones fueron el aumento de la cuota obrero-patronal para el sector empresarial, traspaso de tierras de las áreas revertidas, mejor rendimiento de las inversiones de la CSS, combatir la morosidad y evasión, entre otras.
El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CoNUSI), Gabriel Castillo, acusó a la representante del PNUD de tratar de imponer sus posiciones y de adoptar una postura contraria a su papel de conciliador en el Diálogo Nacional por la CSS.
Castillo aseguró que el PNUD quiere imponer medidas que afectan la jubilación de los trabajadores y se ha puesto al lado de los empresarios y del Gobierno propugnando por un diálogo, que de acuerdo con los sectores populares ya debe ser cerrado.
El dirigente obrero indicó que ha recibido comunicación verbal por parte del PNUD informándole que se continuará con el diálogo y que se han cambiado las reglas del juego de lo que era "consenso a mayoría".
Ante esta situación, Castillo advirtió que de ahora en adelante el movimiento obrero también tendrá que enfrentar al PNUD que está asumiendo una posición que no le compete, porque originalmente su papel era de facilitador del diálogo y no son miembros de ninguno de los grupos beligerantes.
