Las denuncias por rebajas de penas a varios colombianos que presuntamente pagaron para su liberación tomaron un nuevo giro, luego que el legislador Miguel Bush acusó al contralor Alvin Weeden de usar su poder para obstaculizar las investigaciones que se realizan.
Bush informó que la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa tiene fuertes indicios de que muchos de los funcionarios que cobraban coimas a los detenidos, a cambio de rebajas de penas, estaban "muy vinculados" al ex ministro Winston Spadafora, quien suena para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema.
"Son personas que eran muy de su confianza", sostuvo. Añadió que un grupo de abogados analizará la condición patrimonial anterior y actual de los funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia, supuestamente implicados en estas liberaciones y de sus familiares más cercanos.
En cuanto a la acusación contra Weeden, dijo que éste utiliza su cargo para evitar que un funcionario de la subcomisión de Drogas de la Asamblea viajara a Colombia para obtener una declaración notarial jurada de seis colombianos que se beneficiaron con rebajas de penas a cambio de presuntos pagos.
"El contralor está usando su poder como fiscalizador para obstruir las investigaciones que la Asamblea Legislativa está realizando en el caso de las rebajas de penas a narcotraficantes extranjeros...Los seis (ex detenidos colombianos) estaban dispuestos a dar declaraciones de que ellos sí pagaron", aseguró Bush.
Explicó que a inicios del mes de octubre la instancia que dirige autorizó a José Félix Cárdenas, miembro de la subcomisión, para que viajara a Colombia a reunirse con los seis ex detenidos, a fin de obtener sus declaraciones. Por su parte, el contralor Weeden alegó desconocer las denuncias hechas por Bush y negó que su despacho esté obstaculizando la labor de la Comisión de Drogas.
"Lo más probable es que la documentación esté siendo examinada en estos momentos, al igual que se hacen con los más de 300 a 500 casos que llegan diariamente a la Contraloría", sustentó Weeden. Sostuvo además que lo más probable es que la información aún está siendo examinada. Pese a lo anterior, el contralor estimó que los viajes a Colombia no son nada usuales, por lo que es posible que haya llamado la atención de los fiscalizadores de la Contraloría.
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