Washington, D.C. Con los brazos abiertos y diciendo en español: "Mireya, mi amiga", recibió el presidente George W. Bush a la mandataria Mireya Moscoso en la Casa Blanca, tal como se había programado a las 11:10 de la mañana. La visita duró aproximadamente 35 minutos.
Moscoso se dirigió al presidente Bush en español y éste a su vez la escuchó sin utilizar traductor, ya que el gobernante maneja el idioma español bastante bien, aunque respondió en inglés.
En una entrevista con El Panamá América, Moscoso afirmó que Bush le aseguró que la consideraba una amiga personal y que EU como país siempre ha tenido una relación estrecha con Panamá basada en el cariño y respeto.
“Llegamos con esperanza y nos vamos con la convicción de que Estados Unidos quiere ayudar a Panamá para lograr un Tratado de Libre Comercio (TLC)”, expresó Moscoso.
Las instrucciones que el presidente Bush dio al representante de Comercio, Robert Zoellick, quien se encontraba presente en la reunión, fueron precisas: que buscara la manera de ver qué es lo que más le conviene a Panamá y el mecanismo más adecuado para que este país concrete un TLC con EU, enfatizó Moscoso.
Durante la reunión con Bush, Zoellick presentó a Moscoso y su comitiva las alternativas que tiene Panamá para lograr un TLC: Esperar en la cola, si Panamá escoge la vía de un tratado bilateral, o acelerar el proceso mediante la adhesión a un país que ya tiene aprobado un TLC.
En tanto, el canciller Harmodio Arias dijo que al ser nuestra economía diferente del resto de los países centroamericanos, hay que ser creativos y buscar un mecanismo, como la cláusula de adhesión "docking" con el TLC de Chile o Singapur, para acelerar el proceso.
Por su parte, el embajador de Panamá en EU, Roberto Alfaro, expresó que la tarea que debe realizar ahora Panamá es estudiar qué le conviene más, si adherirse al acuerdo al que lleguen los centroamericanos o al tratado ya aprobado con Chile o Singapur.
Con relación al tema de clasificar a Panamá como puerto distante, la presidenta dijo que Bush dio instrucciones al secretario de Estado, Colin Powell, de que el lunes próximo, cuando se reúna con Tom Ridge, secretario de Seguridad Interna, estudien la situación de Panamá para que se cambie de status de puerto cercano a puerto distante, lo que permitiría que barcos embarquen y desembarquen pasajeros en el país.
Pese a todo esto la maquinaria del gobierno continúa presionando para lograr su objetivo, y prueba de ello es que en la Asamblea se encuentra el viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, con claras instrucciones de subir el proyecto para que sea discutido.
Finalmente, Torres se unió al pedido hecho por las organizaciones de veragüenses en el sentido de que es más conveniente dejar el proyecto para el próximo periodo, y que se permita una mayor participación de los municipios y se consulte más sobre el tema para lograr consensos verdaderos.
Sin embargo, según el jurista a los 14 años, un año antes que culmine la concesión, ese 51% de acciones volverá a ser objeto de otra subasta en la cual si la empresa actual ofrece la mayor cantidad mantiene su concesión en el mercado de lo contrario, se le devuelve la suma de la compra de las acciones y se hace un contrato con la nueva empresa por un período de 15 años.
De manera que el sector de las empresas de distribución eléctrica entra en otra categoría de empresa privada al vendérseles el 51% de las acciones mediante una concesión dada por el ERSP, sostuvo Sosa. En este caso consideró que el ERSP debe actuar y no permitir que estas empresas tengan un mayor ingreso neto que una empresa en competencia.
Aseguró que, bajo este régimen, las tarifas pueden ser cambiadas acorde al interés social mediante el ERSP con parámetros fijos y claros y sin que afecte la seguridad jurídica.
Por su parte, abogados representantes de algunas de las empresas presentaron sus puntos de vista sobre los contratos ley firmados con el Estado.
Simón Tejeira, de la firma Morgan&Morgan, representante legal de la empresa Panama Ports, manifestó que la seguridad jurídica de los contratos radica en que los contratos son ley entre las partes y algunas disposiciones protegen esta concepción.
A juicio del jurista, los contratos leyes responden a que, en un momento determinado, la Asamblea Legislativa no quería desprenderse de la facultad de representar al Estado en aquellos casos donde era parte de un contrato, pero no por razones de seguridad jurídica sino por la necesidad de un Ente.
Incluso, explicó que, en todos los casos, esos contratos contienen disposiciones que pasan por encima de las leyes vigentes.
"Entonces, por eso se utiliza el mecanismo de la ley y no un acuerdo contractual, porque una ley no puede ser revocada, modificada o alterada", señaló Tejeira.
Adicionalmente el contrato no se celebra con la Asamblea Legislativa sino con la institución o ministerio regente del tema en cuestión.
En tanto, Javier Marrero, director administrativo, financiero y comercial de la empresa de generación eléctrica Bahía Las Minas, sostuvo que desde que se creó la Ley 6 que rige al sector eléctrico se establecieron las reglas y el inversionista, en base a esas reglas del juego, la empresa tomó la decisión de invertir en el país.
Marrero manifestó que uno de los dilemas que produce cierta inseguridad jurídica en las empresas es que el ERSP emite resoluciones a un ritmo promedio de 3 por día y ya suman miles. "Estas resoluciones hablan de absolutamente todo y en muchas ocasiones se contradicen unas a otras, creando fluctuaciones en el marco regulatorio", advirtió el director.
Las inversiones en el sector eléctrico al concretarse las privatizaciones sumaron los 600 millones de dólares.
Marrero aseguró que éstas se hicieron en base a un marco que está en permanente fluctuación.
El director administrativo de Bahía Las Minas subrayó que ellos son los primeros en exigir que las normas que se establecieron se cumplan, pero no que se cambien.
También participaron en el foro los abogados Juan Ramón Vallarino padre y Juan Ramón Vallarino Jr. que subrayaron que los contratos leyes empezaron en 1916 y se han presentado a lo largo de la república.
El Foro fue presidido por el licenciado Carlos A. Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y en la mesa de honor estuvieron presentes el director y subdirector del diario El Panamá América, Octavio Amat y Mario Castro Arenas, respectivamente.
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