No obstante, en medio de toda crisis hay elementos positivos, como es el incremento del número de estudiantes que acuden a las bibliotecas.
Un ejemplo de ello se registra en el Instituto Fermín Nadeau, en la ciudad capital, donde el promedio de estudiantes que asiste a la biblioteca es de 150 en cada turno laborable, aseguró la bibliotecaria del plantel, Noris Bonilla.
En tanto Ana Alvarez, subdirectora del centro educativo, reconoce que a los jóvenes panameños no les gusta leer, pero en el plantel los profesores han desarrollado métodos de estudios que incentivan al estudiante a la lectura e investigación, obteniendo resultados positivos.
Añadió que la administración del colegio trabaja en la actualización de los libros de la biblioteca, de acuerdo con los cambios que se dan en el sistema educativo.
"Estamos conscientes que el avance de la educación introduce nuevas tecnologías y vías de estudio más prácticas, pero la lectura difícilmente será reemplazada por ninguna. "Es por esta causa que el mayor interés de los profesores del Instituto Fermín Naudeau es crear el hábito de la lectura en los estudiantes", afirmó Alvarez.
Por otra parte, la directora del Instituto José Dolores Moscote, Marisín Chanis, aseguró que los estudiantes le pidieron que la biblioteca brindara servicios los sábados, para poder realizar todas sus investigaciones con más tiempo.
Para actualizar los libros de las bibliotecas, algunos colegios organizan ferias en las que las casas editoras exponen y al final les donan algunos textos.
Otro método es celebrar la Semana del Libro, motivando al estudiante, profesor y egresados a donar libros.
Los colegios también destinan parte de los fondos que le corresponden a través de la Ley 13, para comprar libros.
La embarcación “Cherokee Arrow” fue detenida en el Puerto de Coco Solo, Colón con 30 fusiles AK-47, 14 M-16, tres PMK y municiones trazadoras. En esta acción se detuvo a ocho personas.
En agosto del 2001, en el sector de La Siesta, en Tocumen, se confiscaron 10 AK-47, pistolas nueve milímetros y 156 paquetes de cocaína.
El pasado año, en la comunidad de Nuevo San Diego, Pacora, se desmanteló una banda de nueve personas a la que se le incautó un cargamento de AK-47, RPG-7 y ametralladoras M-14. Estas armas iban con destino a Puerto Obaldía, en la comarca Kuna Yala.
A su vez, en 1997 se incautó un cargamento de armas en su mayoría AK-47 y explosivos que tenían como presunto destino Colombia, pero cuyo propietario argumentó que eran armas de la invasión de diciembre de 1989.
En 1998 la Unidad de Terrorismo de Santa Fe de Bogotá, Colombia, solicitó a las autoridades judiciales panameñas, mediante un exhorto, investigar una supuesta red de traficantes de armas colombianos que operaba aquí y tenía nexos con casas comerciales ubicadas en Panamá.
De acuerdo con el exhorto, se solicitaba la ubicación de un grupo de 28 personas presuntamente vinculado al tráfico de armas con destino a los movimientos guerrilleros colombianos y que estarían operando entre Colombia y Panamá.
Tanto la Policía Técnica Judicial (PTJ), como la Policía Nacional han reconocido la porosidad de la línea fronteriza con Costa Rica, debido a la existencia de unas 200 trochas por las que se puede mover cualquier cosa, desde drogas y armas hasta indocumentados.
La PTJ tiene proyectado la instalación en la frontera tico-panameña de un sistema electrónico de vigilancia que sería financiado por organismos internacionales, pero que aún se encuentra en fase de estudio.
Este sistema involucraría el establecimiento de un centro de acopio de información que conectaría a diversos estamentos de seguridad para una reacción rápida ante cualquier situación que atentara contra la seguridad nacional.
Entre las rutas terrestres usadas por los contrabandistas para introducir las armas desde Costa Rica figuran, en la provincia de Bocas del Toro, el sector de Guabito y Bastimento. En tanto que en la provincia de Chiriquí se mencionan las áreas de Río Sereno, Paso Canoa, Piedras Gordas y Las Delicias.
Entre tanto, en la Provincia de Colón se menciona la Zona Libre de Colón, Viento Frío y los puertos de Coco Solo y Cristóbal.
En el área del Pacífico se ha establecido que los puntos más vulnerables para esta actividad son Chame, San Carlos, Juan Díaz, Coronado y Pacora. En Darién se han fijado áreas como Puerto Obaldía y el Río Jaqué.
Por su parte, Carlos Smith, legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), calificó como débiles las explicaciones dadas por las autoridades para impedir la entrada de armas de guerra al país y que tienen como destino grupos insurgentes colombianos.
Smith señaló que las autoridades ejecutan labores de revisión en Jacú, de los camiones y automóviles que ingresan al país. También lo hace en Río Sereno y en la garita de Risacua, en la provincia de Chiriquí.
Desechó la excusa de la porosidad en la frontera, toda vez que aunque los cargamentos entren por trochas, deben pasar forzosamente por los tres puntos citados en la provincia chiricana.
En octubre del 2001, la Policía solicitó un crédito al Consejo Económico Nacional (CENA) por un monto de B/.3.5 millones, que sería utilizado en equipo para el Servicio Marítimo Nacional (SMN), Servicio Aéreo Nacional (SAN) y la Policía Nacional, pero los encargados de estas instituciones nunca han dado detalles de las compras ejecutadas.
La Policía también compró visores nocturnos para asignarlos a la Policía de frontera, así como morteros, tras un ataque escenificado por guerrilleros en la comunidad darienita de Nazaret, donde falleció una menor de edad y hubo varios heridos.
También la Embajada de los Estados Unidos donó al SMN varias embarcaciones para realizar trabajos de vigilancia en las costas, a fin de interceptar embarcaciones que transporten armas, droga o indocumentados.
Sin embargo, el gobierno nunca ha dado a conocer la cuantía exacta de lo que gasta en materia de seguridad y en la compra de armamentos. Generalmente, al preguntarle al director de la Policía, Carlos Barés, sobre este tema se vuelve muy elusivo y responde que se han comprado “muchas”.
También el abogado Miguel Antonio Bernal ha señalado que el pasado año la Policía anunció la compra de B/.5 millones en equipo bélico, pero nunca se han revelado las cantidades y cómo se ejecutó esta compra. Sobre Vacamonte hay que decir que no hay la menor duda que fue una decisión muy acertada sacarlo fuera de la ciudad para evitar la contaminación que se estaba llevando a cabo en la bahía de Panamá.
Pero con el tiempo es una industria que aporta muchísimo al gobierno y al país.
Si se privatizara Vacamonte se convertiría en un monopolio de los más fuertes, pero hay que mantener el equilibrio en un área que ha sido tan exitosa hasta el momento.
Creo que cuando mejore el servicio de agua, y cuando podamos dragar el acceso, va a mejorar Vacamonte.
Acabamos de instalar unas ocho grúas para manejar las canastas grandes de camarones . Estas grúas existían desde que fue fundado este puerto desde que yo fui director de la Autoridad Portuaria y se hicieron ciertas inversiones.
En esta etapa se ha instalado un sistema eléctrico, se han comprado ocho grúas que están instalándose y sentimos que igualmente hay posibilidades en el futuro de que se pueda dragar el acceso a Vacamonte. ¿Cuál es el calado aconsejable de Vacamonte para ampliar sus actividades?
Actualmente tiene un calado entre 18 y 20 pies. Igualmente entre los proyectos de la Presidenta de la República a través del gobierno japonés, que trajo 17 técnicos para hacer unos y para mejorar ciertos puertos del interior y establecer unos centros de acopio, en particular en la península de Azuero.
Ha aumentado la cantidad de personas que se dedican a la pesca artesanal.
Hemos hecho también una inversión en Puerto Mutis y en otros puertos menores. Igualmente en La Palma y Jaqué en el Darién se han hecho inversiones.
La infraestructura del interior es sumamente importante porque evita la posibilidad de que nosotros tengamos muchas más personas dedicadas a actividades en la capital.
Así tenemos la posibilidad de equilibrar la situación que se presenta en el país.
Los puertos pequeños generan la posibilidad de trabajar en otras actividades a personas de esas localidades y puedan llevar beneficios a sus familias. Y así ya no van a venirse a la capital.
