Hay quienes aseguran que justicia tardía no es justicia, pero en el sistema penal panameño esto aparenta ser más la regla que la excepción. El tiempo se hace pesado y parece arrastrarse con pereza hasta llegar a la fecha de audiencia.
Esta situación se refleja en la cantidad de audiencias suspendidas. Hay varios motivos: la falta de notificación a los sindicados, ausencia de transporte, presentación de certificados médicos por parte de los abogados, inasistencia del fiscal y hasta la falta de dinero para pagar la notificación por edicto emplazatorio.
Uno de los ejemplos más recientes que refleja este hecho es la suspensión en varias ocasiones de la audiencia al médico Emanuel Carrillo Brux, sindicado por el homicidio de la menor Gladis Yineth Reina Tuñon, ocurrido en agosto de 1996.
Dentro del Organo Judicial un proceso por el delito de homicidio tarda un promedio de un año a dos para llegar a la fase plenaria. En el caso citado han transcurrido siete años sin que se haga justicia para la familia de la víctima, mientras que el sindicado está en libertad.
Algunos especialistas aseguran que los procesos generalmente se retrasan por tácticas de los abogados defensores, quienes presentan recursos judiciales con la intención de que los casos prescriban o que sus clientes puedan gozar de medidas cautelares diferentes a la detención preventiva.
Otro caso representativo del perjuicio que ocasiona el lento caminar de la justicia es el de Branco Pagán, detenido 10 años dentro del proceso por el homicidio del empresario Manuel Vásquez López. Pagán fue declarado inocente por un jurado de conciencia, pero nunca pudo recuperar el tiempo perdido.
En este expediente, Pagán fue señalado como uno de los autores del crimen. Fue detenido en 1987, pero la primera fecha de audiencia se fijó para enero de 1996, y se suspendió en otras dos ocasiones consecutivas, y fue hasta diciembre de ese año cuando un jurado de conciencia lo absolvió.
Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos Pagan no recibió compensación alguna por estar 10 años encerrado por un crimen que no cometió ni se le dio explicación alguna del porqué su proceso demoró tanto tiempo en el segundo tribunal de justicia.
Para el ex procurador Rogelio Cruz, actual vicepresidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), en toda la cadena judicial se producen errores que ocasionan dilaciones en el manejo de los procesos.
Para Cruz hay cientos de casos en donde los fiscales y jueces se equivocan y los tribunales superiores deben declarar nulidades o determinar la ampliación de los sumarios y ello perjudica a los reos y abogados.
A su juicio, los errores de los fiscales han provocado la nulidad de expedientes completos, en donde se ha demostrado que las detenciones ordenadas son ilegales.
Este problema de la suspensión y la dilatación de las audiencias es responsabilidad del Estado, que no ha establecido los mecanismos necesarios para promover una justicia rápida y expedita.
Como prueba de ello mencionó el reciente cambio de la fiscal de drogas de Colón Aminta Corro, cuyo reemplazo solicitó la suspensión de varias audiencias por considerar que no se encontraba preparado para enfrentarlos. Aquí el Ministerio Público debió prever esta situación.
Consideró que esta situación constituye una violación de los derechos humanos de los detenidos, que se encuentra contenida en los artículos 7 y 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Alegó que si el Estado no tiene garantías para proveer un juicio rápido a los sindicados, entonces deberá dejarlos en libertad. No obstante, aquí en Panamá existe el criterio absurdo de que los responsables de la lentitud de los procesos son los abogados y que las personas bajo investigación deben permanecer en prisión, aún cuando las penas sean mínima, sostiene el ex procurador.
Cruz también criticó duramente las recientes reformas realizadas con la supuesta intención de acelerar los procesos judiciales y sólo han creado una mayor burocracia que dilata el manejo de los expedientes.
Abogó por la aplicación de cambios estructurales tanto en el Ministerio Público y el Organo Judicial que elimine el largo calvario que deben enfrentar los reos antes de poder llegar a la decisión de sus procesos.pppAlgunos detenidos cumplen sus condenas, mientras otros están a la espera de un juicio.
