La policía secreta colombiana y la Interpol capturaron en las últimas horas a siete presuntos miembros de una red de tráfico de armas, en relación con el desvío de un arsenal procedente de Nicaragua que acabó en manos de los paramilitares colombianos.
El desvío de ese cargamento de 3,000 fusiles AK-47 y cinco millones de cartuchos de munición, procedente del Ejército de Nicaragua y cuyo destino supuestamente era la Policía de Panamá, suscitó una controversia entre estos dos países y Colombia, en la que intervino la Organización de Estados Americanos (OEA).
El armamento y la munición, calibre 7-62, fueron a parar a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El arsenal llegó hace año y medio abordo del buque de bandera panameña Otterloo, que arribó al puerto caribeño de Turbo, en el noroeste de Colombia, cerca a la frontera con Panamá, para desembarcar 23 contenedores repletos de armas y municiones.
Entre los detenidos en Colombia hay dos funcionarios de la estatal Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Henry Hernández Ramírez y Herminio Martínez Mercado, quienes fueron puestos a órdenes de la fiscalía por las autoridades colombianas.
Los otros detenidos son representantes de la empresa importadora y empleados de otras compañías que tuvieron que ver con el cargamento. Se trata de los hermanos Nelson y Erasmo de Jesús Saldarriaga, Luis Chaverra, Giovani Hurtado y Paola Caterine Romero Benavides.
En su investigación de este caso, la OEA determinó que en el desvío de estas armas contribuyó el que no se cumplieran las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego (CIFTA).
Señaló que esa operación se realizó en tres etapas, una de 1999 a 2000, cuando el israelí Ori Zoller, dueño de la empresa GIRSA, de Guatemala, propuso a la Policía de Nicaragua el canje de los fusiles y municiones por 100 subfusiles UZI y 465 pistolas Jericó.
