Casi a mediados del año pasado, se anunció que una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reuniría con la directora de la Caja del Seguro Social (CSS), en una visita cuyo objetivo ella misma se ocupó de resumir: "Es parte del compromiso de poner en orden al país" en asuntos fiscales.
Pues bien, hace algunas semanas, por medio de un boletín donde el FMI expone sus directrices económicas sobre determinado país, el organismo financiero dirigió su escrutadora mirada hacia el actual gobierno panameño para elogiarlo, y vigilar que el próximo continúe ordenando la política de privatización.
Al menos así lo percibieron rotativos locales, cuando citaron el documento y titularon: "Ganador de elecciones debe cumplir acuerdos con FMI" y "Pérez Balladares compromete al nuevo gobierno con el FMI", todos éstos, titulares emanados del boletín "Noticia de Información Pública" (NIP).
La publicación, fechada el 5 de enero de 1999, llega en momentos en que ya varias empresas estatales han sido adentradas en el proceso de privatización, por un lado, y otras (como puede ser el caso de la CSS) que se mantienen en un prolongado vilo sin dejar de preguntarse: ¿Es mi turno ahora?
Difícil afirmarlo en base a la escueta información expuesta en el documento, pero es fácil sospecharlo y, casi darlo por un hecho, si se examina en el contexto de las recomendaciones privatizadoras del FMI, en mancuerna con las ejecutorias que en tal dirección ha materializado el gobierno.
"Rutina" del FMI
Como se dijo, el año pasado una delegación del FMI programó reunirse con la directora de la CSS, Marianela Morales, quien calificó la presencia de los representantes del organismo internacional, como una "visita de rutina" para conocer la situación financiera de la institución de seguridad social.
Por entonces, un medio local reportó que el FMI aprobó en diciembre de 1997, un acuerdo de ampliación de crédito por un monto de 162 millones de dólares que sería desembolsado en pagos trimestrales, y que ya el primero de ellos se había hecho efectivo.
Citando a una agencia internacional se indicaba que el acuerdo con el que se apoyaría la segunda fase del programa de reformas del gobierno para el periodo 1998-2000, implicaba que Panamá mantuviera un control de su política fiscal, una baja inflación y "la privatización del sistema de pensiones de la CSS".
Citada en la misma nota de prensa, la directora de la CSS dijo que "el compromiso del gobierno con relación al FMI, no tenía relación alguna "con la privatización del fondo de pensiones de la Caja".
Crédito millonario
¿A qué se refería el acuerdo premencionado de los 162 millones? De acuerdo a la propia información del organismo financiero, el 10 de diciembre de 1997, el FMI aprobó un crédito para Panamá, equivalente a 162 millones de dólares.
Tal crédito llamado de "Facilidad Ampliada", según se informa en otro número del boletín del FMI "Noticia de Información Pública", estaba destinado a "respaldar el programa de reformas económicas del gobierno" comprendido entre los años de 1998 y 2000.
Juan Jované, director del Instituto de Estudios Nacionales (IDEN), explicó que éste crédito proyectaba una "política para tres años", porque fue firmado en 1997, y llega al 2000; además, está dividido en "dos etapas", siendo la primera de ellas, aquella que recoge "las políticas que ya se han hecho".
En tal sentido, el economista de la Universidad de Panamá, mencionó el tema de la "reducción de tarifas ó aranceles", que fueron ejecutoriadas por el actual gobierno y que estuvieron "amarradas" con el mencionado crédito, y también dijo al concretarse el mismo ya "se planteaban las privatizaciones".
Al explicar lo relativo a la segunda etapa, Juan Jované indicó que los planteamientos de aquella son recogidas en un segundo documento titulado "El FMI concluye la Consulta del Artículo IV en Panamá" (5 de enero de 1999), publicado por medios impresos locales el pasado 11 de febrero de 1999.
Seguir privatizando
En el boletín del FMI, "Noticia de Información Pública", fechado en enero de este año, figura el título "El FMI concluye la Consulta del Artículo IV con Panamá" y en el mismo, tal como explicara Jované, se habla de "seguir las privatizaciones" e incluso se habla de "la privatización concreta del IDAAN".
"Merecen especial atención la privatización de las siete empresas eléctricas antes del tiempo programado, los avances logrados en la preparación de la privatización del IDAAN...", citó del documento del FMI, el director del Instituto de Estudios Nacionales.
El profesor mencionó que en el documento también se plantea "un estudio de los impuestos", lo que según el mismo, ya debió estar completado en 1998, "e implementado en la primera parte de 1999" con el objetivo de aumentar la "captación impositiva".
En el documento se establece que las autoridades (gobierno panameño) "aumentarán los esfuerzos para controlar los costos de la Caja del Seguro Social y mejorar la recolección de las cuotas, a la vez que se toman los pasos para implementar las políticas que garanticen su viabilidad financiera a largo plazo".
Según Jované otro de los aspectos importantes es que en el documento se habla que de alguna u otra manera que "se debe tocar el tema del Seguro Social", y aunque no dice exactamente "cómo", es obvio que "el tema del Seguro Social está incluido en la condicionalidad de éstos términos".
Vigilar la conducta
Para entender mejor, hay que mencionar que el artículo IV es una especie de acuerdo con los países. El FMI consulta con determinado país miembro, anualmente, y si éste así lo desea, los resultados de esa consulta se hacen públicos, buscando con ello "el aval del Fondo Monetario".
Tal publicación tendría como propósito enviar un mensaje a los financistas del mundo haciéndoles notar que Panamá está poniendo en ejecución una política que resulta aceptable para el FMI.
"En el fondo aquí hay una forma de condicionalidad", sostuvo Jované, precisando que "si mañana el FMI pasa a decir que no está de acuerdo contigo se va a saber entonces que tu política no está avalada por" ese organismo financiero internacional.
"No es sólo una condicionalidad con respecto a los 162 millones de dólares", siguió diciendo antes de agregar que eso establece una especie de "sello de buena conducta", que los países se ven obligados a adoptar en alguna medida aunque sea voluntario.
Al final del documento emitido hace algunas semanas por el FMI se dice: "Las noticias de Información Pública (NIP) se extienden a solicitud de un país miembro una vez concluida la consulta del Artículo IV por aquellos países que desean hacer de conocimiento público los puntos de vista del FMI.
Esta actuación, sigue diciendo, tiene la intención de fortalecer la "vigilancia" de las políticas económicas de los países miembros
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