Califican de inadecuada decisión de cerrar la ARI

APESAR QUE el mandatario Martín Torrijos confirmó que la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) operará hasta el 31 de diciembre del presente año, Gustavo García de Paredes presidente de la junta directiva de la entidad calificó de "inadecuada" la decisión.
Según García de Paredes, se debe prolongar el período de existencia de la ARI, ya que con el cierre más de 600 empleados cesarán labores.
Eso no es todo, dijo García de Paredes, porque además falta por asignar 40% de las tierras, de las cuales 5 mil hectáreas son para la parte comercial. "Es contradictorio que se quiera promover las inversiones y sin embargo, se piense clausurar la entidad", reiteró.
Enfatizó que estos terrenos tienen un costo de B/. 3 mil 800 millones "en teoría" y reconoció que hay edificaciones que alcanzan los B/.150 millones más.
"Hablamos de un total de B/. 4 mil millones que hacen falta por adjudicar", aseguró el también rector de la Universidad de Panamá.
Destacó que próximamente presentarán al Ejecutivo una propuesta dando a conocer la opinión de los directivos "sobre el futuro de la ARI", donde exigirán la prolongación de su funcionamiento.
Afirmó que la ARI en el 2004, contó con un presupuesto de B/. 51 millones, de los cuales devolvieron al Estado en calidad de aporte B/.37 millones, además de B/.9 millones al servicio de la deuda y más de B/. 1 millón para inversiones.
Con relación a las viviendas, agregó que falta por adjudicar el 7% y que actualmente existen 221 edificios por asignar.
No obstante, mencionó que estas acciones ahuyentan a los inversionistas porque los panameños siempre engrandecen los problemas para que los extranjeros "no vengan". "Ese es un arte de los panameños", sostuvo.
El funcionario señaló que se debe buscar una "fórmula" cuanto de antes de mercadeo, para lograr que los inversionistas vengan a Panamá y aprovechar las oportunidades que estas tierras ofrecen.
Puntualizó que el manejo que se le ha dado a la reversión "es bueno", negando la existencia de apropiación indebida, porque todas las licitaciones fueron públicas.
LA ARI "consumió" en el 2004, B/. 9.6 millones en funcionamiento, que sirvieron para pagar salarios a más de 300 funcionarios que custodian los polígonos y darle mantenimiento a las instalaciones.
García de Paredes reconoció que las concesiones es un concepto que muchos panameños "no manejan" y que sólo piensan en las ventas. La Ley que creó la ARI fue aprobada en 1993.