El Anteproyecto de Ley No. 66 sobre comercialización de los medicamentos en el mercado nacional, que es debatido por la Comisión Legislativa de Comercio, es "ofensivo" para la salud de los panameños porque elimina el registro sanitario previo, manifestó el director nacional de los Servicios y Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social (CSS), Marciaq Altafulla.
"Esta propuesta legislativa atenta contra la seguridad y la forma de vida de la ciudadanía", dijo Altafulla, al considerar que el país necesita medicamentos de calidad, lo que no puede ser incluido en una Comisión de Comercio donde se está favoreciendo a los comerciantes y no al sector salud.
Sostuvo que el comercio de las medicinas es un problema que atañe a toda la sociedad civil y al Estado, por lo que no puede dejarse en manos de distribuidores y casas comerciantes.
Según Altafulla, el registro sanitario previo es una herramienta para que las autoridades de Salud regulen la calidad de los medicamentos en el mercado, el cual sólo puede ser aceptado una vez ha recibido todas las pruebas químicas exigidas.
"No podemos permitir la adquisición de medicamentos en Panamá donde uno no sabe quién hizo la materia prima y donde se comercializó el producto", señaló Altafulla.
Añadió que el anteproyecto no permite recabar información para saber dónde se originó un producto que toda la población panameña estará consumiendo.
"Este es un boquete enorme para que cualquier comerciante inescrupuloso pueda entrar a Panamá y vender sus productos de mala calidad", subrayó Altafulla.
Este anteproyecto de Ley ha sido rechazado por sectores médicos, universitarios, jubilados, obreros y la CSS, por que lo consideran peligroso, ya que permitiría la entrada al país de medicamentos de baja calidad.
Al respecto, el secretario general de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la CSS, Octavio Mena, consideró que Panamá necesita contar con un Instituto Nacional de Medicamentos que tenga facultades para comprar directamente medicinas en el exterior y supla los sistemas hospitalarios públicos.
"Creemos que un Instituto Nacional de Medicamentos resuelve el problema de la compra del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social al exterior", declaró Mena, al indicar que en la actualidad ambas instituciones cuando requieren de un producto, éste no existe en plaza, por lo que después pide prórroga, teniendo al final que comprarlos en las farmacias privadas.
"Eso trae como consecuencia el encarecimiento de la atención al paciente", sostuvo Mena, al considerar que la compra de medicamentos directamente en el exterior protegería al consumidor y al Estado.
En su opinión, no es posible que entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud se siga gastando más de 120 millones de dólares en medicamentos en un año.
"Esta carrera en la compra de productos medicinales es insoportable, ningún país la soporta, en la forma como nosotros la estamos ejerciendo", señaló Mena.
Para el dirigente de la AMOACSS, gastar esa suma millonaria anual en medicamentos, es "catastrófico" para un país de 2.8 millones de habitantes, porque significa que se está pagando muy caro el producto.
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