Como un "gobierno fascista, que abre las puertas a "una dictadura civil" violando la Constitución Nacional, fue catalogada la actual administración por diversos grupos.
Esto, luego de ser aprobado en segundo debate y en horas de la madrugada de ayer el proyecto de ley que reactiva el récord policivo y establece sanciones hasta con dos años de prisión a quienes cierren calles y causen violencia.
La propuesta, que generó una fuerte discusión entre diputados oficialistas y de oposición, establece que las personas que obstaculicen la circulación de forma violenta serán sancionadas con seis meses a dos años en la cárcel.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal expresó su rechazo a la iniciativa, la que calificó como "una dolosa violación” a los derechos humanos.
Sostuvo que es un "absurdo legislativo" por los preceptos utilizados para coartar la libertad de expresión.
"Esto afecta la democracia y esas vías conducen hacia una forma de gobierno fascista, que en nada respeta la dignidad de los individuos", dijo.
Por su parte, el sindicalista Mariano Mena indicó que el proyecto no es más que el resultado de una "dictadura de extrema derecha", en la que el Gobierno quiere "controlar" los poderes Legislativo y Judicial.
Para Eladio Fernández, de los jubilados, la propuesta busca "atemorizar" a las dirigencias de diversos sectores representativos de la sociedad.
