Con la finalidad de mejorar la situación de violencia en Panamá fue lanzada ayer la segunda parte de la campaña de responsabilidad social titulada "Cinco Segundos" que los medios de comunicación entre ellos El Panamá América y Crítica, en conjunto con el Ministerio de la Juventud, Mujer, Niñez y Familia (MIJUMUNFA) ejecutan.
Esta iniciativa, indicó la ministra Rosabel Vergara, es un llamado a la responsabilidad que todos tenemos, enfocada especialmente a la familia en general. Lleva como objetivo principal evitar la violencia y hacer un alto a este problema que afecta al país que tiene que ver directamente con nuestra responsabilidad.
Señala que esta campaña es una poderosa herramienta de formación educacional que ejecuta acciones para atender las situaciones de violencia que tienen origen en los hogares pero que trascienden a la sociedad.
Se trata de un esfuerzo de propaganda masivas dirigida a la comunidad a través de los medios de comunicación. Arturo Montenegro --de Química Publicidad, empresa que diseñó la campaña-- indicó que el objetivo de esta segunda etapa es reforzar la labor de toma de conciencia, antes de llegar a una situación de violencia. Pues si se logra este objetivo, se estará ganando la batalla.
También se busca dar a conocer a la población en general la responsabilidad y la capacidad que tiene cada individuo, para que sepa determinar cuando la violencia se encuentra en su medio.
La campaña publicitaria titulada "Cinco Segundos" busca además captar y llamar la atención de situaciones que causan este problema.
Tiene también un aspecto práctico, ya que cuenta con una línea de auxilio en el ministerio para que se denuncien los casos de esta naturaleza.
En la campaña participan El Panamá América, Crítica, Cable Onda, TVN Canal 2, MEDCOM, FTV Canal 5, La Prensa y Mi Diario.
La escritura también hace constar que el comprador podrá solicitar la concesión administrativa de dichas áreas de conformidad al procedimiento que establece la ley.
Señala igualmente, que la finca estará sujeta a servidumbre de uso y de paso por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en lo que respecta al faro y caseta que existen dentro de los límites del inmueble, dado que los mismos son ayudas para la navegación marítima a cargo de esa institución.
Aunque ambos decretos establecen la legalidad de que la casa aún esté custodiada por miembros del SPI, para el sociólogo y escritor Raúl Leis, la norma debe ser más equilibrada y específica.
Según explicó, no es correcto que se destinen recursos del Estado, a través del SPI, para mantener sitios cuidados permanentemente para cuando la Presidenta esté allí o pase por allí. Lo correcto, dijo, es que se cuiden en los días que ella va.
En cuanto a la función del SPI de velar por la vida e integridad física no sólo del mandatario, sino de su familia inmediata, Leis, manifestó que para ello deben hacerse algunos criterios de racionalidad, porque serían demasiados los policías que se tendrían que ocupar para cuidar a todos los familiares, a donde éstos se dirijan, así como a los sitios donde vaya el mandatario de turno y más cuando no existe una amenaza inminente.
El catedrático y abogado, Miguel Antonio Bernal, fue más allá, al catalogar que esta situación no es ni ética ni legal. Bernal destacó que esto era "previsible", porque, según dijo, las autoridades que directa o indirectamente participaron de la licitación lo sabían, así como todos los sectores políticos que lo permitieron, convirtiéndose en cómplices por omisión.
El catedrático enfatizó que cualquier persona que se dio cuenta cómo se desarrolló la licitación "sabe perfectamente bien que ese fue un acto montado con un propósito determinado".
Cabe señalar, que el Decreto Ley N° 2 de 8 de julio de 1999 permite que el mandatario saliente pueda escoger hasta ocho miembros del SPI que le brinden la seguridad necesaria para preservar su vida e integridad física. Es decir, que la casa puede en un futuro seguir siendo custodiada de mudarse la mandataria a Pedasí.
