La coordinadora del Programa Contra la ESC de la OIT, Bente Sorensen se reunió en agosto con 12 representantes de organismos involucrados en la lucha conta este fenómeno. A los mismos les sugirió replantear el mensaje ofrecido a la población.
"Hay que ser más específicos" recomienda a quienes dirigen las campañas estatales contra la ESC. Sorensen aplaude que las difundidas hasta el momento han logrado que los panameños identifiquen el problema, tal como manifiestan en las encuestas, pero desconocen que pueden ser objeto de fuertes sanciones.
"Cualquier dato por encima de cero es inaceptable. Muestra que la población no ha tomado conciencia de que la ESC implica un delito" detalla el informe.
En nuestro país la Ley 16 de 2004 garantiza, en su artículo 7 reclusión de 4 a 8 años a "quien solicite, demande, obtenga, pague o prometa pagar" a un menor por realizar actos sexuales.
El comercio sexual con menores es ilegal, pero se basa en los principios básicos de economía: la oferta y la demanda.
Sin la existencia de "clientes-explotadores" que demanden los servicios sexuales de menores de edad, esta actividad no tuviese razón de ser; sin embargo, al preguntar a los encuestados "¿quién debe detener la ESC?" éstos le atribuyen la responsabilidad a los propios menores, a sus familias y a las autoridades.
Sólo en el menor de los casos, el "cliente" es la persona señalada como el responsable de poner fin a esta actividad. "Invisibles, totalmente invisibles" se lamentó Sorensen al repasar los gráficos del estudio.
De la región, los panameños llevan el porcentaje más alto de personas que piensan que la responsabilidad es "de la persona menor de edad y su familia". El 71% de los encuestados lo cree y sólo el 4% le otorga responsabilidad al "cliente".
Costa Rica es el país donde se atribuye mayor responsabilidad al cliente-explotador y es de un 8%.
Las respuestas son similares al consultar sobre las causas internas y externas propician la ESC.
De las endógenas o del entorno del menor, en Panamá la mayoría responsabiliza a la pobreza (26.5%), aunque la otras opciones "refuerza la revictimización" revela el informe.
Los panameños le atribuyen la responsabilidad a la familia de las víctimas y hasta a "la vagabundería" de los menores (17.2%).
Entre las circunstancias externas, en Panamá un 42% culpa a "la falta de leyes" y "falta de políticas de protección a la niñez y adolescencia" (20.8%) y sólo un tercio de la población considera que el problema lo provocan los explotadores, lo que las autoridades de la OIT lo atribuyen "a la gran tolerancia social" existente.
Prostitución infantil: "Prostitución" es la compra-venta de servicios sexuales, entre adultos. Un menor no "vende" un servicio, es explotado. Debe decirse "Explotación Sexual Comercial (ESC) Infantil".
Cliente: El término se asocia a una transacción comercial; pero la ESC no es servicio, es un delito.
