El canciller encargado, Harmodio Arias, afirmó ayer que ningún panameño desea que un país extranjero intervenga en asuntos internos del país y mucho menos una fuerza militar.
Afirmó que las autoridades panameñas han rechazado cualquier posibilidad de intervención de los Estados Unidos en suelo panameño, y ha sido clara la posición al respecto.
Precisó que con mucho gusto asistirá a la Asamblea Legislativa a explicar cuál es la posición del Gobierno Nacional frente a la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares colombianos en la región fronteriza de Darién.
"Con mucho gusto acudiré a la Asamblea y creo que no tengo que aclarar mucho, porque ningún panameño quiere que un país extranjero intervenga en asuntos internos nuestros y mucho menos una fuerza militar", recalcó Arias.
Puntualizó que la persona que permitió nuevamente el derecho de intervención a los Estados Unidos en Panamá fue el extinto general Omar Torrijos en el tratado de 1977.
Indicó que este derecho intervencionista de Estados Unidos había sido eliminado del tratado en 1936 por el presidente Harmodio Arias, pero fue restablecido por Torrijos.
Precisó que Panamá está investigando el comunicado de los paramilitares y verificando la veracidad de las acusaciones hechas contra unidades de la Policía Nacional.
"Estamos haciendo todos los esfuerzos para que Colombia alcance la paz y ese es nuestro único interés", enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores, encargado.
Los legisladores aprobaron de manera unánime una resolución que incluye un cuestionario de nueve preguntas, que además de la situación del Darién requiere la posición del gobierno frente al cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter.
El canciller tendrá que informar ante el pleno cuáles son los criterios, prioridades y objetivos del gobierno con respecto a las relaciones con Estados Unidos y cuál es la política exterior del gobierno sobre el establecimiento de sitios militares luego de la culminación de los tratados.
La citación de los encargados de dirigir la política exterior se dio a raíz del comunicado emitido por grupos paramilitares colombianos donde acusaban a miembros de la Policía Nacional de ser cómplices del tráfico de drogas y armas hacia la guerrilla, y ante los señalamientos del ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, de que los Estados Unidos tenía toda la potestad de intervenir el país.
