El sistema penitenciario de nuestro país a nivel general ha demostrado pocos avances en los últimos años, en edificación de nuevas estructuras, en el mejoramiento de las condiciones de los reclusos, y lo más preocupante, en la permanencia de la mora judicial, que ha motivado la desesperación de los internos que los inducen a realizar reyertas, intentos de fuga, homicidios, violaciones y hasta suicidios e intentos de suicidio.
El Centro Femenino de Rehabilitación de Panamá no escapa a esta situación. La desesperación de las reclusas ante el hacinamiento, las pésimas condiciones en la preventiva, demoras en las apelaciones y enjuiciamientos, colocan en la encrucijada a las más de 500 internas que se encuentran actualmente en el centro de rehabilitación.
Cuenta una de las reclusas, que no quiso dar su identidad que las dificultades más graves e inhumanas que se dan en el penal ocurren en la preventiva, lugar donde son ubicadas las recién llegadas. Allí actualmente hay 75 internas las que son ubicadas en pequeñas cárceles mientras dura el proceso de adaptación.
Asegura que sus compañeras (de la preventiva), al estar hacinadas al lugar duermen incluso en los baños sin que las autoridades del penal hagan nada.
Precisa que otra de las dificultades que ponen en peligro la vida de muchas, es que tanto personas enfermas con diversos tipos de afecciones deambulan a la par de las que no tienen ninguna enfermedad, sin que exista el cuidado pertinente.
Pero la preocupación para esta reclusa a pesar de esas dificultades, es la mora judicial que existe en todo el país, "ya que asegura tener temor que sus días en el penal rebasen a los establecidos en su condena de 40 meses, debido a que un fiscal apeló su condena y esta a su vez apeló, pero ambos recursos han prolongado su estadía en el centro".
Además de las situaciones del lugar, a las reclusas se les adicionan la ansiedad, los problemas familiares y conyugales, que suman al problema legal.
Por su parte la reclusa de origen haitiano, Yoyuese Vantend, tiene más de tres años de estar encarcelada, sin ser aun enjuiciada, por lo que pide ayuda a las autoridades para lograr su libertad.
"Siempre me pregunto que está pasando con mi caso, ya he cumplido tres años aquí y todavía no me han hecho juicio. Yo acepto que cometí un delito, pero nosotros los extranjeros tenemos derecho también. Queremos saber por qué nos tienen sufriendo así, sin familia y sin nada...nosotras somos seres humanos también", recalcó.
Asegura que siempre ha escrito a las autoridades sobre su caso, pero nadie le contesta, "sólo quiero saber que está pasando conmigo y cuándo voy a poder irme de este lugar".
Vantend ha puesto a sus servicios tres abogados, los cuales le han cobrado más de 15 mil dólares, pero nunca le informan nada, se siente incluso estafada al no recibir información sobre su enjuiciamiento.
"Ya no tengo más dinero, mis familiares que están en Haití ya no me envían nada, por lo que no sé que hacer, a veces pienso en matarme y dejar mi cuerpo aquí", enfatizó.
Actualmente el centro cuenta con 525 reclusas, de las cuales 190 son extranjeras.
Del total de las internas al menos 25 son de la tercera edad, la mayor de ellas es una alemana que de 74 años, la cual tiene escasos cuatro meses de estar en el lugar.
Las internas de mayor edad están ubicadas en un lugar aparte por su condición especial y se les da, de acuerdo a su padecimiento un depósito domiciliario o un depósito hospitalario.
A las embarazadas, que no pasan de tres en la actualidad se les da una medida cautelar por un mes antes de su embarazo y de seis meses luego del parto, la cual es concedida a través de un juez, posteriormente deben regresar a cumplir sus penas.
Se les concede además permisos especiales para que amamanten a sus hijos o se le permite recibir a sus hijos en el centro todos los días.
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