Quienes eludan su responsabilidad de pagar las conocidas pensiones alimenticias, tendrán que enfrentar de 1 a 3 años de prisión, arresto de fines de semana o su equivalente en trabajo comunitario.
Esto, si se aprueba el proyecto de reformas al Código Penal que debate la Asamblea Nacional.
Según el proyecto, aprobado en segundo debate, esta norma se aplicaría a quien, sin justa causa, sustraiga, niegue, eluda, incumpla, abandone su obligación alimentaria o sus deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad de sus descendientes, ascendientes o quien tenga derecho legalmente a ellos.
El nuevo código no sólo sancionaría a quienes incumplan esta responsabilidad, sino también a las madres o a quienes malversen los recursos recibidos.
Para este último caso, la pena sería de 2 a 4 años de prisión o arresto de fines de semana. También se procedería con la suspensión del ejercicio de la patria potestad.
