Una amparo de garantías constitucionales fue interpuesto ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia por Carlos Carrillo, abogado del exdirector de la Caja de Ahorros (CA) Riccardo Francolini.
Se trata de una acción legal para que el supremo panameño revoque una resolución emitida el 18 de octubre por el procurador de la administración Rogoberto González.
En dicha resolución González exigó al actual gerente de CA, Mario Rojas, que se convierta en querellante en el proceso penal que sigue la Fiscalía Primera Anticorrupción a Francolini y otras nueve personas aprobar un préstamo millonario durante la pasada administración.
Carrillo argumentó que la resolución de González viola varias disposiciones de la Constitución de la República y vulnera las garantías fundamentales de su cliente.
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En el escrito se destaca el artículo 32 de la Constitución Política de Panamá, que señala que nadie podrá ser juzgado, sino por autoridad competente y con los trámites que establece la ley.
Lo que busca explicar el jurista en el amparo de garantías, es que el procurador de la Administración no está facultado para dar órdenes a una entidad autónoma como la Caja de Ahorros, tal como se hizo en la nota objeto de la demanda.
También se explica que la misma violenta la independencia judicial, ya que el procurador González, como superior jerárquico de la fiscal primera anticorupción, Tania Sterling, prácticamente está interviniendo en el proceso al exigir que la Caja de Ahorro forme parte del caso.
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