Sólo transcurrió un mes desde que se incendió la barraca Corotú en Río Abajo, cuando las llamas daban muestras de que la historia se volvía a repetir, pero esta vez el escenario era el caserón 57 de calle 15, Pueblo Nuevo.
Al igual que en el primer caso el resultado fue el mismo: varias familias quedaron damnificadas y sin un techo donde vivir.
Este panorama trae al tapete una realidad. Y es el peligro que representan las casas condenadas que hay en diversos puntos de la ciudad capital.
Una realidad que se hace cada vez más latente, y que a pesar de los constantes intentos de distintas administraciones en tratar de buscarle una solución, es un tema que se torna complejo.
Aunque no hay una cifra exacta que indique cuántos de estos inmuebles condenados, que aún son habitados, existen en el distrito capitalino, al menos en cuatro de sus 21 corregimientos: Calidonia, San Felipe, Pueblo Nuevo y Río Abajo, aún están en pie estas viejas estructuras, que sucumben ante el paso de los años.
Estos viejos caserones, que suman más de 114 entre los corregimientos antes mencionados, tienen estatus de condenados, y así lo constatan diferentes entes de seguridad. Algo a lo que sus inquilinos hacen caso omiso poniendo a diario en riesgo sus vidas.
En el corregimiento de San Felipe, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), constantemente se mantiene realizando evaluaciones a los distintos caserones, y a pesar de que algunos de ellos ya han sido restaurados, aún quedan varios que no han corrido la misma suerte.
Allí, del 2006 al 2011, se han decretado, por parte del Sinaproc, 78 inmuebles como inhabitables (algunos de estos ya fueron demolidos) y otros 45 ya han sido restaurados.
Mientras que en Río Abajo, según estadísticas que guarda el departamento de Vivienda de la Junta Comunal, existen unas 18 de estas deterioradas estructuras, de las cuales 10 estructuras son de cemento y ocho son de madera.
En tanto, en Calidonia existen unas 15 casas condenadas, 12 de estas son de madera y tres son de cemento. En Pueblo Nuevo existen cuatro, solo una de estas es de madera, según indicaron en la Junta Comunal de este corregimiento.
Según explica la directora de Prevención y Mitigación de Desastres del Sinaproc, Yira Campos, la realidad de estas familias, a las que constantemente recomienda salgan de estos lugares, es que no tienen a donde ir, ni tampoco existe lugar donde ubicarlos.
Para Campos, estos caserones representan una verdadera “bomba de tiempo”, ya que se trata de infraestructuras que datan de muchos años, más aún aquellas edificadas de madera.
Algunas de estas casas han sido apuntalamientos, se les han cambiado provisionalmente los balcones de manera, sin embargo estas ya no son habitables, indica la ingeniera Campos. Sin embargo, sus inquilinos prefieren exponer su vida, con la esperanza de que el Gobierno les dé una solución.
Añade que muchas veces son los propietarios de los inmuebles los que tienen responsabilidad en este tema, “A muchos no les interesa, ni le dan reparación a sus propiedades”, asegura.
Tanto el represente de Pueblo Nuevo, Carlos “Tito Lee”, como el de Río Abajo, Javier Ortega, coinciden en que como los terrenos donde se edificaron los caserones son privados, no pueden ser utilizados para edificar nuevas soluciones de vivienda para los que viven en esta situación.
En todo caso, señala Lee, una solución sería que el Gobierno compre las tierras y realice una renovación urbana, a fin de darle solución de viviendas a todas las personas que están en esta situación.
