La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada solicitó al Juzgado Noveno de Circuito Penal el llamamiento a juicio del ex presidente Ernesto Pérez Balladares y de otras 11 personas por el delito de lavado de dinero.
La vista fiscal, que fue remitida al Juzgado el pasado 28 de febrero, fue devuelta hace dos días a la fiscalía porque estaba mal foliada, indicó una fuente judicial.
La fiscalía sostiene que identificó a testaferros en el uso de los dineros que eran transferidos de Lucky Games, S.A., a la que se le otorgó una concesión para la operación de salas de máquinas tragamonedas tipo “A”, y que eran depositados en las cuentas de las sociedades anónimas PTY Adventure, Inc., y Shelf Holding, Inc., mediante otras sociedades.
Además, detalla que durante la investigación no se brindó una explicación sobre los giros de fondos de estas sociedades anónimas y tampoco sobre el destino de la gran cantidad de dinero en efectivo.
En la vista, Marcelino Aguilar, el fiscal de la causa, se refiere a que el informe de auditoría practicado por forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no puede remplazar su tarea de formular cargos ni sustituir la función de considerar una conducta como delictiva, toda vez que la auditoría concluyó que no se encontró evidencia de blanqueo de capital con relación a la procedencia del dinero de Lucky Games.
Los auditores, además, indicaron que los desembolsos que se hicieron a las empresas relacionadas fueron justificados, por lo que no había evidencia de blanqueo de capitales.
No obstante, la fiscalía plantea inquietudes como ¿por qué Ernesto Pérez Balladares dispuso de dinero recibido y depositado en una cuenta bancaria de la sociedad anónima Shelf Holding, Inc., de la que no era miembro de la junta directiva y a la que se le transfería dinero procedente, directa e indirectamente, de la Lucky Games, S.A?
Por su parte, el abogado del ex mandatario, Luis Carlos Cabezas, aseguró que la próxima semana presentará la oposición a la vista fiscal.
Cabezas denunció que se incluyó como imputado a Enrique Pretelt y que era una copia de la anterior elaborada por el ex fiscal y ahora procurador, José Ayú Prado.
El jurista sostuvo que nuevamente “el Ministerio Público demeritó el trabajo de los forenses, al señalar que las auditorías realizadas no son una prueba fundamental”.
Según Cabezas, la fiscalía demuestra una vez más que no tiene profesionalismo porque el juzgado advirtió que había un problema de foliaje, lo que retrasa el proceso.
El mediador espera que a más tardar el lunes, 14 de marzo, el expediente repose en el Juzgado Noveno, donde el juez Diego Fernández tendrá cinco días hábiles para fijar la fecha de audiencia preliminar.
