Caso de Sergio Davis bajo el silencio del Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) guarda silencio y no da información sobre el expediente que vincula a Sergio Davis Riera, con un caso de supuesto tráfico de armas, a través de una agencia de seguridad fachada.

Davis, quien se hacía pasar como agente de la CIA y el FBI en Panamá, durante los dos últimos gobiernos ha recibido protección por parte de las autoridades.

En el Gobierno actual, Davis estaría siendo protegido por su supuesto vínculo cercano con Roy Cortizo, hermano del presidente Laurentino Cortizo.

Además, de tener movimientos dentro del Consejo de Seguridad.

A Davis se le encontró durante un allanamiento un arsenal de armas ilegales y con series limadas en una oficina donde operaba una supuesta agencia de seguridad.

En la diligencia también se habrían encontrado otros elementos como una máquina de escuchas telefónicas, todo bajo la protección de varias puertas blindadas y muy bien camufladas.

La pinchadora fue trasladada a la DIJ, pero en la actualidad se desconoce su paradero o si la misma fue devuelta a Davis Riera.'

70

armas de grueso calibre le fueron decomisadas a Davis en Parque Lefevre.

11

puertas blindadas con doble fondo fueron encontradas durante el allanamiento.

En julio del año 2022, la Fiscalía Contra de la Delincuencia Organizada se vio obligada a descongelar este proceso contra Davis, por lo que supuestamente solicitaron una audiencia para imputarle cargos, hecho que hasta el momento aún no se ha dado.

Lo último que se conoció de este proceso, en manos de uno de los fiscales contra el crimen organizado, José González. Se ha señalado que Davis se hacía pasar falsamente como agente de la Embajada de Estados Unidos para sus estafas y chantaje a varios bancos de la localidad.

Además de esto, está el supuesto hecho de que, hasta el exministro de seguridad, Rolando Mirones, y el exdirector de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Manuel Castillo, intentaron bloquear el allanamiento en su momento.

También la institución dirigida por el procurador ahora en propiedad, Javier Caravallo, se negó a referirse al informe de inteligencia que sostiene que el entonces fiscal del crimen organizado David Mendoza también recibió llamadas de sus superiores para intentar cancelar el allanamiento a la casa de Sergio Davis Riera, ubicada en Parque Lefevre.

A Mendoza le exigieron sustentar la diligencia, lo que a la postre le costaría su traslado a Bocas del Toro, dejando el caso en mano del fiscal de circuito, José González, quien ha sido cuestionado por el poco avance de la carpetilla 201900056966.

Entre las pruebas reportadas en el acta original del allanamiento se enumera un arsenal de 70 armas de grueso calibre (unas sin permisos y otras con sus series limadas), 11 puertas doble fondo blindadas, un software de interceptación telefónica, un centro de monitoreo de múltiples pantallas, y computadoras de uso militar.

A pesar de todas las pruebas encontradas en la casa de Davis Riera, en la que supuestamente también funcionaba la agencia de seguridad Brentwood Logistics and Security Company, funcionarios del gobierno, la policía y el Ministerio Público han tratado de darle protección al estafador que incluso habría intervenido correos del Ministerio Público y de altas figuras del Gobierno, tanto del pasado como de la presente administración.

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