- 49 Ley de 1984 que adopta el reglamento interno de la Asamblea, en la que se amparan los diputados.
@JasonMoralesV
La orden de la Contraloría fue directa a los diputados suplentes que laboran en entidades estatales, de suspenderles sus salarios para eliminar la duplicidad, sin embargo, en el palacio Justo Arosemena no hay conformidad con la decisión emanada desde la Avenida Balboa.
Ayer en la Asamblea Nacional, varios diputados suplentes se reunieron con el presidente de este órgano del Estado, Adolfo “Beby” Valderrama, luego de conocerse que no recibirían más sus pagos.
A su salida, Valderrama expresó que sería mejor que la Contraloría haga consultas a la Corte Suprema de Justicia, por ser “la instancia llamada a interpretar la Constitución”.
No obstante, el panameñista obvió detalles sobre cuál es la cantidad real de diputados suplentes que ganan un salario en otras instituciones.
“El nodo de transparencia es público, ahí se informa quiénes son los diputados suplentes que trabajan en el Estado. No hay confidencialidad en ese tema”, escribió en Twitter.
Desorden
Por otra parte, el anuncio de que la Contraloría realizará una revisión general cruzada entre entidades de la planilla estatal para detectar a aquellas personas que reciben dos salarios del Estado sorprendió al dirigente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Alfredo Berrocal.
El funcionario indicó que la Contraloría, con base en la transparencia y el registro de todos los entes, puede saber quién ha sido contratado duplicadamente.
“No puede haber duplicidad de funciones, salvo por ley, las que la Constitución permite; hay un desorden administrativo que no es de ahora, pero se debe corregir”, manifestó.
Berrocal sostuvo que la responsabilidad de los dobles salarios no puede recaer en el contratado, sino en el que contrata, pues es quien desobedece el mandato de la norma.
“A ese hay que darle la responsabilidad política y legal”, destacó Berrocal, quien señala que la falla entraría en la categoría de peculado de uso.
El representante de los trabajadores opinó que el Estado debe recuperar la lesión ocasionada, pero no puede cobrársela al Estado, sino a la autoridad que contrató ilegalmente.
Instruyó que la contratación política se reserva solo para las esferas ejecutivas del Estado y el resto sería con fundamento en el mérito; el hacerlo por clientelismo, genera pérdidas.
La Fenasep advirtió que de encontrarse a funcionarios con doble salario, no podrá desconocerse la acumulación de cuotas en la Caja de Seguro Social (CSS).
“Imagínese que trabaje 35 años; tiene que reconocerle el derecho a la pensión, y se resarce de la hacienda, el pecunio y la riqueza de la autoridad. Quieren reventar la soga por lo más delgado y no es así”, expresó Berrocal.
Antecedente
Esta polémica surgió tras una solicitud del procurador general de la administración, Rigoberto González Montenegro, para revisar el doble salario de más de una veintena de suplentes de diputados.
Federico Humbert ordenó que dicha “revisión no se limitaría solo a la Asamblea, sino también a todas las instituciones del Estado”.
En este sentido, el dirigente empresarial Roberto Troncoso calificó de “atinada y responsable la medida adoptada por el contralor”.
Entre los diputados suplentes mencionados en el caso están el director del Programa de Seguridad Integral (Prosi), Hernán Morales, suplente del diputado panameñista de Chiriquí Florentino Ábrego.
También figura Armando Guerra, subdirector de la Lotería Nacional de Beneficencia y suplente del diputado panameñista Jorge Alberto Rosas.
Además, se denunció a Aquiles Domínguez, suplente de José Antonio Domínguez y quien actualmente ocupa la subdirección del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).
La primera en ser mencionada fue la suplente de Ana Matilde Gómez, Alida Spadafora, nombrada en la Alcaldía de Panamá.
Diputados piensan hasta demandar al contralor Federico Humbert
Los diputados suplentes no quedaron conformes con la decisión del contralor de suspenderles los salarios en las instituciones donde laboran.
Incluso, mencionaron la posibilidad de demandar a Federico Humbert por abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
La propia implicada en este caso, Alida Spadafora, argumentó que no está en la planilla formal de la Asamblea.
“Aquí lo único que uno recibe es una ayuda por combustible y por dieta. Allí dan 500 dólares por dieta y 1,500 dólares en gasolina. Son $2,000 mensuales, eso no está en planilla, es solo una ayuda que se le da al suplente”, se refirió la exactivista social y ambientalista.
Uno de los pocos funcionarios que han salido en defensa de los diputados suplentes que laboran en instituciones públicas ha sido el alcalde capitalino, José Blandón Figueroa, quien argumentó que no hay ningún fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare esta práctica como inconstitucional.
