Luego de cuatro meses de haber ocurrido el accidente del helicóptero del Servicio Aéreo Nacional (Senan) AN-137, en el que falleció el capitán post mórtem Agustín Santos Vinda, aún no se conocen los resultados de las investigaciones a cargo de la Fiscalía Segunda Superior.
A pesar de que el Ministerio Público indagó, días posteriores al hecho, a los 4 sobrevivientes de la aeronave accidentada, que era pilotada por el director del Senan, Belsio González, la fiscal Argentina Barrera aún no se ha pronunciado.
Incluso, las autoridades cuentan a mano con un informe elaborado por peritos de la Autoridad de Aeronáutica Civil para determinar las posibles causas de aquella tragedia.
Lo poco que se ha dicho hasta ahora sobre este caso es que el reemplazo de la nave del Senan será bautizado con el nombre de la unidad fallecida, pero más nada se ha detallado.
Esta no es la única tragedia en la que se registran varias muertes y en las que cuelgan preguntas que no son respondidas o resueltas por las autoridades.
Por ejemplo, en 2006, el incendio del autobús B-06, en el que murieron 18 personas, impresionó a la opinión pública al punto de que hubo un debate nacional sobre la prestación del servicio del transporte público.
A raíz de ese hecho, un juzgado ordenó la detención de los hermanos Ariel y Próspero Ortega, propietario y conductor del vehículo que se incendió con 47 pasajeros, frente al templo Hosanna, en la avenida Martín Sossa.
Luego de un proceso penal, ambos fueron condenados a 40 meses de prisión por el delito de homicidio y por causar lesiones graves a otras 25.
Ellos, a pesar de que ya purgaron su condena, están inhabilitados de por vida para conducir transporte público de pasajeros en Panamá.
Este proceso aún no culmina, ya que Víctor Herrera, el abogado de los familiares de las víctimas, persigue una indemnización.
El jurista demandó al Estado y a las empresas estadounidenses Northcoutt, Inc y Oz Technology, Inc, encargadas de producir el gas refrigerante que provocó la explosión del autobús que cubría la ruta Mano de Piedra Corredor Norte. La fuente comentó que está en espera de que expertos culminen un peritaje para que funcionarios del juzgado de Kansas pisen suelo panameño para conocer nuevas pruebas.
Esta audiencia se realizaría en octubre próximo y el veredicto será responsabilidad de un jurado de conciencia, dijo el jurista.
Por otro lado, los familiares de aquellas víctimas están en espera de alguna indemnización del Estado panameño.
A ocho años de este doloroso evento, no se le ha prestado atención a ninguno, denunció David Ramírez, del Movimiento 23 de Octubre.
Otro evento catastrófico que dejó luto en el país y fuera de este fue el del helicóptero SAN 100, que se estrelló sobre un establecimiento comercial en el sector de Calidonia, el 29 de mayo de 2008.
A bordo de esa aeronave iban 12 personas; 6 eran militares chilenos y el resto panameños. El saldo fue de 11 muertos, entre ellos José Alejandro Bernales, director de los carabineros de Chile, y su esposa.
El aparato era de 1973 y fue uno de los helicópteros más utilizados por el general Omar Torrijos, que también falleció en un accidente aéreo en 1981.
A pesar de ser una aeronave de vieja data, Daniel Delgado Diamante, ministro de Seguridad de la época, comentó que estaba en perfectas condiciones.
Tras las diligencias judiciales, el juez a cargo, Adolfo Mejía, determinó que hubo delito culposo y que la posible responsabilidad se le atribuyera al piloto Juan Delgado por hacer un manejo inadecuado de los procedimientos de emergencia por la falla del motor, según se desprende de un comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
Como el piloto falleció en el accidente, no hubo culpables. Sin embargo, el Gobierno de Panamá compensó a los familiares de los militares chilenos con 6.4 millones de dólares, mientras que indemnizó con 2.4 millones de dólares a los parientes cercanos de los 5 deudos panameños. El caso ya está cerrado.
Unos años más tarde, el 13 de agosto de 2009, un bus de la ruta 24 de Diciembre-Las Garzas colisionaría de frente contra un camión volquete a la altura de este último sector, al este de la capital del país.
Producto del fuerte impacto, fallecieron 24 personas, incluyendo los conductores de ambos vehículos.
En su momento, el Juzgado Tercero de Circuito Penal abrió una investigación. En primera instancia se verificó quién era el propietario del mismo y en principio las autoridades determinaron que Carlos Iván Huertas, el conductor del camión, había sido el responsable de la tragedia.
Sin embargo, unas semanas después del suceso, el Juzgado Tercero de Circuito Penal declaró extinguida la acción penal de este proceso, ya que el chofer del vehículo que provocó el accidente falleció.
En el fallo, el juez Hermes Quintero determinó que Huertas era responsable por su negligencia en el manejo del camión, pero murió en el accidente.
La placa tenía registro de varias boletas que pertenecían a la propietaria del volquete.
Por último, las víctimas de ese episodio de dolor tampoco han recibido reparación económica alguna.
