El Tribunal de Cuentas, institución encargada del resarcimiento al Estado producto de las irregularidades cometidas por servidores públicos y privados, cerró el 2010 con 370 procesos abiertos por supuesta lesión patrimonial que asciende a B/95.7 millones.
De los casos abiertos se logró establecer el año pasado 54 condenas a 98 personas por la suma de B/1 millón 965 mil y se dictaron 104 cautelaciones de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas involucradas en los procesos por otros B/7.2 millones.
Además, el año pasado la entidad dictó 74 llamamientos a juicio contra 254 personas que habían cometido irregularidades que afectaron al Estado en B/4.6 millones.
Al cúmulo de casos admitidos en el Tribunal de Cuentas se sumaron en el 2010 una auditoría a la Junta Comunal de Bella Vista, donde la lesión ascendería a B/246 mil 744 y otra en el Municipio de San Miguelito por B/256 mil 375.
Además, ingresaron nuevos casos de contratos para remoción de la fibra de vidrio en el Ministerio de Educación.
Los expedientes viejos siguen siendo el grueso de las supuestas lesiones que investiga el Tribunal de Cuentas, entre ellos, el caso de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC) por B/18.4 millones, Pronavi-Banco Nacional por B/12.1 millones y otro relacionado a la Caja de Ahorros por B/4.1 millones.
También se encuentran más de 10 casos de cónsules que dejaron cuentas pendientes con el Estado.
Durante 2010, la institución declinó 68 procesos a la DGI para someter a juicio por jurisdicción coactiva a otras 175 personas que fueron sentenciadas a resarcir al erario público por otros B/4.4 millones.
El magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Álvaro Visuetti, indicó que se encuentra implementando un programa de modernización en la institución para agilizar los procesos de investigación de casos por lesiones contra el Estado. Para ello, suscribió un convenio de cooperación técnica con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.
