La Contraloría de la República cauteló los bienes del ex presidente Ernesto Pérez Balladares hasta por B/.6 millones 669 mil 994.62, por su presunta vinculación al delito de lesión patrimonial en el que incurrió la empresa Ports Engineering and Consultans (PEC).
La Contraloría ordenó la medida, tras considerar que Pérez Balladares es “responsable solidario” del delito, al “comprobar” su participación como accionista de PEC, luego de detectar su firma en el endoso de un cheque girado al portador por la suma de B/.18 mil en concepto de repartición de dividendos.
Según el contralor Alvin Weeden, las investigaciones revelan que el cheque con numeración 018767 llegó al Bancomer, pero el número de cuenta era ficticio, lo que demuestra que el documento se hizo efectivo y se trasladó a otra cuenta en el extranjero, dentro del propio banco o posiblemente a favor de otra sociedad.
Detalló que los cheques representan en la empresa PEC el 7.5% y 5% del total de las acciones.
El cheque está fechado el 19 de diciembre de 1997, cuando Pérez Balladares aún se mantenía como presidente de la República.
Agregó que la informalidad de no llevar la concesión de este contrato al Consejo de Gabinete, a pesar de que era claro que sus ingresos serían por arriba de los B/.2 millones, como lo estipula la ley, “demuestra la apropiación indebida de los impuestos nacionales por 10 millones de balboas en términos netos”.
Las “pruebas” fueron adheridas a la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia, en la cual se solicita la cancelación de la resolución que otorga en concesión el servicio de mantenimiento de faros y boyas de los puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
En la demanda ya se presentaron pruebas que presuntamente evidencian la vinculación del jefe de campaña del Partido Revolucionario Democrático, Hugo Torrijos, al otorgar la concesión durante su administración como director de la Autoridad Portuaria, y su relación personal con la empresa Soderville Corporation, de la cual es accionista.
Weeden afirmó haber recibido documentos con fecha de ayer donde se confirma que el también ex administrador de la AMP, Rubén Reyna y su familia, son accionistas de la empresa Warm Spell Holding Corp, que aparece en los dividendos de PEC con el 30% de sus acciones.
El documento bancario revela que Warm Spell Holding Corp mantuvo cuentas en esa institución desde el 25 de marzo de 1997, las cuales fueron canceladas en marzo de 2000 y cuyas personas autorizadas para girar instrucciones eran Reyna, Dora de Sosa, Vivian Sosa y Carmen Lisel Sánchez, a quienes también se les ordenó la cautelación de bienes, hasta por B/.6 millones.
La cuenta que mantuvo Warm Spell Holding Corp. en el Banco Iberoamericano recibió B/.81 mil de dividendos en 1997, al igual que la empresa Soderville Corporation con el mismo porcentaje.
Según los informes, la empresa Ports Engineering facturó hasta B/.18 millones, pagados por la AMP en concepto de señalización y ayuda a la navegación en los puertos de Balboa, Cristóbal, Bahía Las Minas y Rodman, sin realizar los trabajos, “delito” que se cometía desde 1997.
Dinero que ha sido “trasegado”, según Weeden, utilizando gastos ficticios y pago de dividendos que se fueron generando y cuyo principal organizador de los ingresos de esa empresa y del delito cometido, es el norteamericano Charles Jumet.
La Contraloría pide en el documento la suspensión del contrato de PEC con el Estado en materia de servicios marítimos, pues todas estas pruebas dejan al descubierto el 92% de las irregularidades en las acciones de la empresa en que incurrió la sociedad.
Weeden dijo que falta por resolver el pago de dividendos del 7.5%, también al portador, que fueron depositados por un ciudadano de nacionalidad canadiense, pero que no se ha definido a favor de quién fue girado el documento.
Este ciudadano extranjero también es investigado por su vinculación con el delito de lesión patrimonial.
Anunció que solicitarán la cooperación internacional, pues relató que por medio de contratos ficticios que realizaba Jumet, se sacaba el dinero del país como gastos deducibles, repartiendo los dividendos en Estados Unidos.
Sin embargo, dijo que a raíz de no tener jurisdicción internacional se desconoce el destino final que le dieron al dinero, pero que por medio de la cooperación internacional pretende descubrir qué se hizo con los fondos panameños.
Los dividendos repartidos entre los accionistas en el 2003 no han sido descifrados, pues para esa fecha se modificó la representatividad de las acciones al portador, representada únicamente por Vivian Sosa, como beneficiaria de todos los cheques al portador, dijo Weeden.
El contralor denunció, además, que entre otras irregularidades, luego de otorgar la concesión, figura que el 6 de febrero de 1997 la Autoridad Portuaria, sumado a la ilegalidad de la concesión de mantenimiento de faros y boyas, también concede su Dirección de Ingeniería y un edificio para el funcionamiento de la PEC, sin costo alguno y con todos los bienes.
La lesión acusada, es por cobrar dinero a los barcos que atracaban en diversos puertos del país, a pesar que era la Autoridad del Canal de Panamá que le brindaba el servicio.
Dijo que las investigaciones no concluirán hasta determinar la responsabilidad de las personas que se han vinculado en las instrucciones, por lo desagradable que es descubrir que altas autoridades del Estado están involucradas en la lesión patrimonial.
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