La decisión adoptada por el Gobierno de designar al Centro Vocacional de Chapala, en Arraiján, para “aplicar medidas de reeducación social” a menores infractores ha causado preocupación a lo interno de este centro.
Esta medida se tomó a través de las reformas a la Ley 41 de Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia.
Los miembros del Patronato, al igual que la dirección del centro, aseguraron que nunca se les consultó al respecto, además de resultar extraño que únicamente se halla designado al Centro Vocacional de Chapala para esta tarea.
Para la dirección del centro, el envío de menores infractores de 12 a 14 años representa varios problemas pedagógicos, técnicos y de espacio.
Uno de ellos es que no es posible colocar a menores de estas edades en las máquinas industriales con que se cuenta por el riesgo que ello significa.
Otro de ellos es que el centro no cuenta con capacidad para mantener internos a más jóvenes.
Actualmente existen 180 adolescentes entre los 14 y 18 años internos y 43 en el seminternado, con los que el centro está trabajando a su máxima capacidad y que han sido remitidos por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y Juzgados de Menores de todo el país.
Además de ello, todos los días llegan 100 expedientes de jóvenes que esperan un cupo para ser admitidos.
El sistema pedagógico del Centro Vocacional de Chapala está ideado para formar a jóvenes en carreras técnicas e insertarlos en el mercado laboral, indicaron las autoridades del centro.
Otra de las razones que preocupa a la orden de los religiosos Terciarios Capuchinos, encargados de la educación en el centro, es qué tipo de seguridad se le daría a estos menores, puesto que ellos no están capacitados como custodios policiales, además de que las estructuras no están amuralladas.
Por el momento, el Patronato y la Dirección del Centro Vocacional de Chapala han discutido el tema con la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) bajo cuyo cargo estarían los menores infractores en estas edades.
