Washington- Tras discretas consultas con su embajador en Washington, el gobierno panameño tomó muy en serio una invitación cursada por la Casa Blanca a un congreso convocado por el vicepresidente Al Gore con el propósito de desarrollar una estrategia global para reducir la corrupción administrativa.
En el congreso, que se inicia hoy (miércoles) Panama estará representado por dos funcionarios de primer nivel: la ministro de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, y el Contralor de la República, Gabriel Castro.
Además de Panamá, 15 países latinoamericanos han enviado delegados al acontecimiento que se denomina "Primera Conferencia Global para combatir la corrupción y salvaguardar la integridad entre funcionarios de la justicia y la seguridad".
La conferencia reunirá a representantes de casi 100 países. Las delegaciones de Argentina, Bolivia y Colombia están encabezadas por sus respectivos vicepresidentes.
Observadores del mundo diplomático citan tres factores sobresalientes para explicar la decisión panameña de enviar representantes de alto nivel, considerando de que cierto enfriamiento residual empañó las relaciones entre Panamá y Estados Unidos desde las fracasadas negociaciones para la creación del Centro Multilateral Antidrogas:
Primero, el embajador Eloy Alfaro informó al presidente Ernesto Pérez Balladares y a la Cancillería de que la conferencia evidentemente forma parte de la campaña presidencial de Gore como candidato demócrata con miras a las elecciones del año 2000.
"La prosperidad y la seguridad del mundo dependen de nuestra habilidad para desarrollar economías fuertes basadas en el imperio de la ley.
Lamentablemente esos esfuerzos se ven a veces socavados por la corrupción, y no hay corrupción más destructiva que la que ejercen funcionarios de gobierno", dice la invitación que firma Gore.
Segundo, la necesidad de demostrar un interés ante el mundo político y económico en la transparencia de los asuntos del Estado, especialmente en víspera del traspaso a fin de año del Canal a la total soberanía de Panamá.
Tercero, el embajador Alfaro, un prestigioso abogado que tiene como meta superar las pasadas diferencias, está en medio de unas delicadas gestiones diplomáticas para organizar la ceremonia del traspaso del Canal antes de la fecha limite del mediodía del 31 de diciembre próximo, tal como lo requieren los Tratados Torrijos-Carter.
Ambos gobiernos están de acuerdo en que la ceremonia debería adelantarse a esa fecha si se espera que asista una alta representación del gobierno de Estados Unidos, inclusive al presidente William Jefferson Clinton.
Hasta el momento está asegurada la presencia del ex-presidente Jimmy Carter, pero aún éste podría preferir celebrar el Año Nuevo con su familia en su domicilio en Atlanta, confió un funcionario familiarizado con las gestiones diplomáticas.
Preguntado si se espera que Clinton participe en la ceremonia, posiblemente a comienzos de diciembre o aún antes, el funcionario respondió: "Por el momento nada está descartado".
El congreso anticorrupción reviste una importancia esencial para el gobierno de Clinton. La política del comercio libre a nivel global promulgada por el gobierno y la economía de Estados Unidos exigen para el futuro inmediato generar en los Estados reglas precisas en las conductas de los funcionarios para corregir el alto nivel de corrupción de algunos nuevos países socios. Se pretende así crear y honrar normas de ética y sistemas de control de transparencia de lucha contra la corrupción.
Desde el lunes altos funcionarios del gobierno se expresaron sobre la necesidad adoptar más medidas contra la corrupción en sendos discursos ante una reunión preliminar sobre el tema patrocinado por la Organización de Cooperación y Desarrollo de Europa (OCDE).
También el secretario adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental, Peter Romero, abordó el tema ante los embajadores latinoamericanos en un desayuno organizado por un grupo empresarial encabezado por el exembajador panameño Juan Sosa que por lo general están cerrados a la prensa.
No obstante, este corresponsal obtuvo el texto del discurso en el que el alto funcionario destaca la importancia de la lucha anticorrupción y el fortalecimiento del imperio de la ley como parte "esencial de la agenda de la Cumbre de las Américas".
"Actualmente," señaló, "hemos logrado (1) una convención de la OEA contra la corrupción firmada por 25 países; (2) tres países latinoamericanos que firmaron la convención contra el soborno de la OECD; y (3) 16 países que participan en la conferencia anticorrupción del vicepresidente Gore".
El segundo día de la reunión sobre corrupción de la OECD produjo lamentos sobre la complejidad del problema y algunos choques entre los representantes de la sociedad civil y funcionarios de varias embajadas.
Una durísima crítica provino de un exfuncionario de la Procuraduría de Colombia que ahora funge en el departamento legal del Fondo Monetario Internacional (FMI).
"Colombia tiene todas las leyes necesarias, todo está en la ley, sólo que nada funciona", declaró. "Y para el colmo no hay organismo más corrupto que la Procuraduría y la Contraloría. Cuando dicen que hay que investigar algo hay mismo termina el asunto, porque eso simplemente es una artimaña para disimular y esconderlo todo".
José Garibaldi, representante de la Secretaría de Comercio de México, rechazó el alegato de que toda la corrupción viene del sector oficial. "No es justo, porque aunque hay funcionarios deshonestos, también los hay honestos, igual que en el sector privado".
Rosina de Souza del departamento legal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se mostró extrañada de que en la reunión la atención preponderante estaba enfocada al sector oficial.
Recordando que el BID recientemente tuvo una reunión con autoridades del gobierno colombiano para "discutir el perfil de una nueva estrategia" en Bogotá, de Souza anotó que el sector privado latinoamericano se perfilaba como "el gran ausente" en los análisis sobre la corrupción de esta y otras reuniones similares y que "es importante corregir ese desnivel".
Quizás la nota más optimista de una mesa redonda sobre Latinoamérica y el Caribe vino de Sharin Pablo Michelen, investigadora de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., una organización no gubernamental de Santo Domingo.
"El gobierno ha iniciado una reforma judicial que ha tenido un maravilloso efecto: el pueblo está comenzando a creer que el sistema funciona".
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