El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Guevara, aseguró que los miembros de la Asamblea Legislativa deben ordenar el archivo de la sumarias seguidas al separado Magistrado José Manuel Faúndes, ya que la mayoría de los legisladores desconocen el expediente.
Guevara estimó que la falta de inmediación de los actuales legisladores con las sumarias, da originen a que estos archiven el expediente, ya que desconocen en su totalidad los pormenores del proceso y no podrán brindar un veredicto de condenatorio o absolutorio.
Explicó que la situación ha variado totalmente, ya que quienes estuvieron presentes durante la audiencia no estarán ahora al momento de dar un veredicto, y que ello debe conllevar a declarar el archivo de las sumarias levantadas contra el Magistrado Faúndes.
Aseguró que otra situación sujeta a análisis es el hecho de que el juzgador, la asamblea anterior, finalizó su período por mandato de la ley, y que todo juez debe tener pleno conocimiento del proceso judicial realizado.
En tanto el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola aseguró que los legisladores deben emitir un fallo sobre el caso Faúndes, ya que requerirán 48 votos para condenarlo, y de no ser así deberán pagarle todos sus salarios caídos y reintegrarlo al cargo.
Molino Mola detalló que hay una disposición en el Código Judicial en donde se establece que cuando un nuevo juez se hace cargo de un despacho a éste se le da un término para que conozca los procesos en trámite y pueda emitir su sentencia.
Explicó que en este caso particular a los legisladores se les debe permitir un tiempo prudencial para que conozcan las sumarias y entonces puedan entrar a emitir una decisión sobre la inocencia o culpabilidad del separado magistrado.
Sin embargo, puntualizó que para condenar a Faúndes se requerirán 48 votos, pero si éstos no se logran, Faúndes volverá a su puesto y se le deberá pagar sus salarios caídos que ascienden a unos B/.200.000.
Faúndes fue denunciado hace cuatro años por los presuntos delitos de corrupción e incumplimiento de sus deberes de servidor público y supuestamente haber presionado a jueces para cambiar sentencias a favor de algunos narcotraficantes.
No obstante, el proceso Faúndes se dilató con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, presentado por el fiscal de la causa Roberto Abrego, contra la disposición que establecía se requerían los dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa para condenarlo.
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