La "cesión parcial" celebrada entre la empresa Proyectos y Construcciones, S.A., (PYCSA) y la constructora Norberto Odebrecht para la construcción, operación, mantenimiento y explotación del segundo tramo de la autopista Panamá-Colón podría ser demandada por "ilegal" ante la Corte Suprema de Justicia.
Así lo confirmó ayer el abogado Miguel Antonio Bernal, al manifestar que el Gobierno avaló "irresponsablemente" un contrato de concesión diferente a lo que se había pactado anteriormente con PYCSA, violando la Ley de Contrataciones Públicas.
Según Bernal, PYCSA tenía unas condiciones en su contrato y sólo bajo esos parámetros podía ceder a un tercero, de lo contrario se debió crear una addenda o modificación del contrato original.
En esa misma línea, el dirigente político Eduardo Camacho, solicitó al jefe de las finanzas públicas, Dani Kuzniecky, toda la documentación relacionada con esta concesión para determinar si la Contraloría refrendó este contrato.
"La empresa PYCSA incumplió sus obligaciones con el Estado y, sin embargo, se le está premiando al permitirle negociar con terceros una cesión parcial, recibiendo una indemnización, y quedarse además con la parte rentable de su concesión", advirtió Camacho.
Según la Gaceta Oficial del 17 de enero de 2007, el Estado emitió con el voto unánime de los miembros del Gabinete concepto favorable a esta cesión parcial.
El Banco Nacional de Panamá (BNP) dará un préstamo puente por un monto de hasta B/.100 millones para el fideicomiso celebrado entre el Estado y el BNP Paribas Sucursal Panamá como fiduciario para la construcción de la autopista.
Los bancos que participaron ofrecieron también otorgar el "préstamo puente", sin embargo, fue elegido el Banco Nacional de Panamá por ser el único que no cobraba ningún tipo de comisiones.
Cesión de PYCSA puede ser demandada
La empresa Odebrecht inició los trabajos de exploración para trazar el recorrido de la vía rápida.
