El procurador de la Administración, Óscar Ceville, estimó que la Ley 30, mejor conocida como “ley chorizo”, no es inconstitucional; pero reconoció que la forma en que se aprobó en la Asamblea Nacional es distinta a la tradicionalmente utilizada.
En una vista fiscal, Ceville alega que esto último no puede ser considerado como inconstitucional, ya que no existe una disposición de rango constitucional que regule esta materia.
La Ley 30 modificó los códigos de Trabajo, Judicial y Penal, además de seis leyes diferentes, lo que motivó que varios abogados interpusieran nueve demandas de inconstitucionalidad, alegando que la Asamblea fue convocada para discutir una norma de temas aeronáuticos, y se incluyeron otros asuntos violando la Constitución.
Ceville solicitó al pleno de la Corte Suprema desechar las demandas -que fueron instruidas en un solo expediente por el magistrado de la Corte Alejandro Moncada- alegando que carecen de sustento jurídico.
La posición del Procurador provocó la reacción del abogado Carlos Herrera Morán, uno de los demandantes, quien afirmó que la opinión jurídica de Ceville era de esperarse porque hay un proceso en su contra por los “pinchazos telefónicos” que lo tienen en la cuerda floja.
La primera demanda por inconstitucionalidad la presentó el pasado 17 de junio el abogado Ernesto Cedeño, doctor en Derecho. Posteriormente, acudió el ex procurador de la Nación, Rogelio Cruz, quien sustentó que la nueva ley permitirá que miembros de la Fuerza Pública asesinen y no sean investigados.
Tras conocer la opinión jurídica del Procurador de la Administración, la dirigencia obrera anunció que continuarán los piqueteos.
