A fin de despejar las dudas e incertidumbre que ha generado en la ciudadanía la situación del asesor del Ministerio de Educación, Manuel Solís Palma, con relación a la Ley Faúndes, el contralor Dani Kuzniecky elevó una consulta al procurador de la Administración, Oscar Ceville.
En la misiva, Kuzniecky le pide a Ceville que aclare si a Solís Palma también lo incluye la Ley Faúndes que establece que: "todo servidor público que haya cumplido 75 años de edad deberá abandonar el cargo, salvo que haya sido designado por elección popular". Ceville tendrá 30 días para interpretar esta normativa y responder a la solicitud del contralor.
A pesar de esta diligencia, el jefe de las finanzas públicas ratificó su posición de que la Ley solo hace mención a los servidores públicos, por lo cual Solís Palma no entra en esta normativa ya que realiza labores por servicios profesionales.
En tanto, la procuradora de la nación, Ana Matilde Gómez, aseguró que el contrato de Solís Palma con el Estado debe ser cesado, porque recibe fondos públicos y la ley lo prohíbe, por lo que se ha dado un tiempo prudencial antes de actuar.
Dijo que solicitará al contralor una certificación del estatus de su contratación, que serviría de prueba sumaria para proceder penalmente.
Detalló que la acción puede alcanzar a la entidad nominadora, que este caso es el MEDUCA.
Ceville tiene la última palabra
El contralor Dani Kuzniecky ha pedido al procurador de la administración que aclare, si el contrato del ex presidente en el MEDUCA viola o no la Ley Faúndes.
