La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó que dará por concluido el caso de los trabajadores panameños despedidos por la Ley No. 25 de 1990, sólo cuando el Estado panameño cumpla íntegramente con la sentencia emitida por ese tribunal de justicia.
El organismo internacional de Derechos Humanos indicó que Panamá "deberá determinar nuevamente, de acuerdo con el derecho interno aplicable, las cantidades específicas correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales de cada una de las 270 víctimas, sin excluir a ninguna de ellas".
Lo anterior significa que se deberán pagar los recargos surgidos por el retraso en el desembolso de la indemnización que fue establecida por la CIDH en el 2001. También desestima la intención del Gobierno de excluir del pago a más de 70 trabajadores.
A través de una nueva resolución emitida el pasado 22 de noviembre y enviada ayer a la Defensoría del Pueblo de Panamá, la CIDH rechazó el finiquito que el Estado panameño exigió como condición previa a los trabajadores para recibir los montos de indemnización que fueron calculados por el Gobierno.
Las autoridades buscaban a través de esta medida evitar que los trabajadores desistieran de interponer algún otro recurso legal, una vez recibieran sus pagos.
En la resolución, acogida con agrado por la Defensoría del Pueblo, se advirtió además que el pago de la indemnización no puede ser gravado por el Estado con impuestos existentes o que surjan en el futuro, incluyendo el Impuesto Sobre la Renta.
Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo, Juan A. Tejada, hizo un llamado a las autoridades estatales para que desarrollen un proceso de indemnización con transparencia y establezca los canales de diálogos, mediante el establecimiento de una comisión de alto nivel que dé cumplimiento a la sentencia expedida por la CIDH el 2 de febrero de 2001.
La disimilitud ha sido la tónica en el proceso de pago de la indemnización a los trabajadores públicos destituidos de sus puesto en 1990 por apoyar una huelga que fue denunciada por el Gobierno de ese entonces, como un intento desestabilizador.
Mientras los trabajadores exponían la cifra de B/. 80 millones, el Gobierno calculó los pagos en casi B/. 8 millones, lo que generó el descontento de los denunciantes.
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