EL ESTADO panameño tiene hasta el 1 de abril próximo para rendir un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que detalle el avance de cumplimiento de la sentencia emitida por este organismo en el 2001 con relación al caso de los trabajadores estatales despedidos con la Ley 25 de 1990.
Trabajadores destituidos informaron que el secretario de la CIDH, Pablo Saavedra Alessandri, dirigió una nota al canciller Samuel Lewis Navarro, en el que solicita al Estado un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por el Tribunal.
Según la CIDH, Panamá mantiene una mora en el cumplimiento del fallo, especialmente en los puntos referentes al pago de salarios caídos y otros derechos laborales a los 270 trabajadores afectados por la Ley.
También se solicitó que se informe sobre el pago de indemnizaciones, el reintegro a sus puestos de trabajo y el pago de intereses moratorios generados.
Por su parte, las víctimas de la Ley 25 enviaron una nota al presidente de la República, Martín Torrijos, en la que le recuerdan la solicitud de la CIDH al Estado y agregan que también está pendiente que se les devuelva el Impuesto Sobre la Renta que ilegalmente le fue deducido en el primer pago que se hizo en cumplimiento de la sentencia.
Alegan que el cumplimiento del tema de salarios caídos plantearía inmediatamente la suspensión del incremento de este renglón, lo que permitiría una negociación real a través de una comisión bipartita.
