Ningún ciudadano podrá estar en una lista o archivos de agencias que manejen referencias o historiales de crédito de las personas, a menos que haya dado una autorización expresa, afirmó ayer el legislador Laurentino Cortizo, presidente de la Comisión de Comercio.
Cortizo explicó que a través del proyecto de ley que se discute en el pleno legislativo, el ciudadano tendrá que firmar un "consentimiento" que se aprobaría antes de que el interesado solicite algún crédito o préstamo.
A través de un documento, la persona tendría que dar su autorización para que en caso que deje de pagar el compromiso se le pueda colocar en las listas de personas con compromisos financieros, no cancelados.
Indicó que el proyecto de ley de la información sobre solvencia económica e historial de crédito pretende regular esta actividad que se ha desarrollado en Panamá, durante décadas, sin que exista ningún tipo de norma que la regule.
Cortizo aclaró que este no es un proyecto de ley que pretende atacar a la Asociación Panameña de Crédito (APC) o proteger a los "malapaga", lo que se quiere es regular esta actividad, a fin de permitir que el sistema de ventas por créditos siga funcionando de la misma forma en que lo ha hecho hasta ahora en Panamá.
La propuesta se discute en segundo debate en el pleno de la Asamblea Legislativa y durante las sesiones han salido a relucir varias páginas de internet, entre estas "endeudas.com" en las cuales se coloca a cualquier persona como deudora, sin que esta acción esté regulada por algún ente estatal.
El legislador Cortizo aseguró que uno de los puntos más polémicos de esta discusión será al momento en que se pretenda establecer la prescripción de los datos de las personas que en determinado momento ingresan a estas listas de clientes con compromisos no cancelados. Actualmente cualquier persona que ingrese a la APC como un mal pagador se mantiene en esta lista por el resto de sus días.
Según información proporcionada por la Asociación Panameña de Créditos (APC), esta organización maneja 1.5 millones de referencias de panameños de las cuales 500 mil son negativas y el resto son positivas.
Aunque ninguna de las personas a quienes corresponden estas referencias de crédito, han autorizado su ingreso a este historial, no se puede aplicar ninguna sanción a esta organización porque hasta el momento no hay ninguna ley que regule la actividad o prohiba este tipo de actos.