Nación

Clausuran coloquio sobre acceso a información pública

Cada vez más, las actuaciones de los servidores públicos están sometidas al escrutinio permanente de la ciudadanía, señaló el magistrado Arjona.


Una apreciación en conjunto de los signos que están caracterizando los tiempos que vivimos, pone de manifiesto que uno de los ámbitos donde más se están experimentando cambios es precisamente el que se refiere a la relación entre los ciudadanos y sus autoridades.
Hoy resulta una noción universalmente compartida que, para garantizar logros y un auténtico desarrollo humano sostenible que sea capaz de erradicar toda forma de marginalidad y pobreza, es imprescindible la presencia y permanente consolidación de un régimen democrático.
Esa democracia, que no se limita únicamente a la celebración periódica de elecciones, tiene que estar caracterizada por el tributo de la gobernabilidad que depende en grandes signos de participación, transparencia, responsabilidad y vigencia del Estado de derecho. La evolución del pensamiento sobre esta relación entre el ciudadano y su autoridad, marca una singular reglamentación de la ciudadanía como elemento indispensable en la gestión del bien común.
El abandono del concepto tradicional de poder sobre la gente y su reemplazado de poder con la gente nos está indicando la importancia y transformación que se está operando en el seno de las sociedades contemporáneas.
La sociedad panameña no ha permanecido ajena a esta importante evolución y cada vez más vemos cómo toma lugar en la discusión de los asuntos públicos dos nociones fundamentales a saber: Primero, que la actuación de los servidores públicos tiene que estar insoslayablemente sometida al permanente escrutinio de la ciudadanía y segundo, que la autoridad tiene que asumir la responsabilidad por los actos que desarrolle en el ejercicio de sus funciones y comunicar los resultados de su gestión ante la sociedad.
Para que estos postulados puedan tener una comprensión práctica, es indispensable que los ciudadanos compartan la convicción de que la cosa pública es de todos y de que, como señaló en una oportunidad cierto autor, "todos somos responsables de lo que nos sucede y de la calidad de nuestra vida en común".
El ejercicio responsable del derecho al libre acceso a la información pública, representa una manifestación concreta de este nuevo paradigma en el ejercicio del poder y la autoridad. El arraigo y consolidación de estos principios depende no sólo de la adopción de normas jurídicas, sino también de la madurez cultural y cívica que de ella se tenga.
En mi concepto, los legítimos reparos que se formulan y las inquietudes que a diario observamos en nuestro país se encuentra en un gradual y esperanzador proceso de apertura. La progresiva adopción de disposiciones legales, como es el caso de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que reguló el Procedimiento Administrativo y delimitó con claridad los causes que deben seguir las consultas, denuncias y quejas ciudadanas, al igual que la Ley 6 de 22 enero de 2002 que dio relevancia al principio de transparencia en la gestión pública y creó la figura procesal del Hábeas Data y la Ley 39 de 19 de julio de 2001 que internalizó las normas penales para la prevención y castigo de los actos de corrupción, son signos encaminados a institucionalizar el franco acceso a la información publica por parte de la ciudadanía.
Paralelo a esto, también se observa con alentadora esperanza, que hay una discusión en el país a cerca de la importancia y la vigencia del principio de rendición de cuenta y transparencia en los asuntos públicos. Y esto me parece un signo alentador y prometedor que tiene que ser incluido al hacer un balance sereno del estado actual de nuestro progreso institucional.
La realización de este coloquio, representa en ese sentido, un significativo avance en el proceso reflexivo que tenemos que desarrollar sobre la temática del derecho ciudadano al libre acceso a las fuentes de información pública.
Este coloquio, impulsado por la Procuraduría de la Administración y la UNESCO, y que a la vez coincide con la celebración del III Aniversario de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, seguramente ayudará a que podamos enjuiciar y valorar con responsabilidad y certeza, cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta aún por construir para que la democracia no sólo sea una posibilidad irreversible, sino que además logre hacernos posible la edificación de la paz y el bienestar de todos.


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127640
Fecha y hora de publicación

101 años de Panamá América

 
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