La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto que obliga a las empresas de distribución eléctrica a cobrar las tasas de aseo y agua potable.
En la discusión solo asistieron cinco diputados oficialistas, mientras que los de oposición se ausentaron.
Mediante este proyecto, que reforma la ley referente al servicio público de electricidad, las empresas distribuidoras estarán facultadas para suspender los servicios cuando exista atraso de 60 días o más en el pago de la totalidad de la factura por los servicios públicos que sean cobrados por estas.
Los comisionados aprobaron modificar los artículos 1 y 2 del proyecto, relacionados a la cobertura de costos y el valor agregado de la distribución, a fin de disminuir el rango de discrecionalidad de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) en la fijación de la tasa de rentabilidad.
A su vez, cambiaron el artículo 3, referente al cobro de servicio, determinando que el monto será el resultado de un acuerdo entre las partes y de no haber consenso será fijado por la Asep.
