La Mesa del Diálogo que revisa la Ley 30 no logró avances en el tema ambiental durante su penúltima sesión, específicamente en torno al porcentaje del incentivo que se les daría a las personas que denuncien delitos ecológicos.
De acuerdo con la ambientalista Raisa Banfield, es necesario que se mantenga el incentivo para aquellos que hagan una denuncia ecológica, quienes cobrarían el 20% de la sanción impuesta al que resulte culpable del delito.
Sostuvo que este pago tiene como finalidad brindar un apoyo a quienes hacen denuncias, especialmente, a los que viven en el interior de la República y que, en muchas ocasiones, deben trasladarse a la ciudad para realizar los trámites del caso.
La propuesta fue rechazada por el sector privado y gubernamental, a través de Juan Francisco Kiener, del Consejo Nacional de la Empresa privada (CoNEP), y Jorge Morales, de la Autoridad Nacional del Ambiente, quienes argumentaron que todo ciudadano tiene el deber de hacer las denuncias cuando tiene el conocimiento de un delito.
Según estadísticas de la ANAM, en la región metropolitana, desde el 2006 hasta la fecha, únicamente 25 personas han solicitado el pago del incentivo y este año se registraron 146 denuncias.
