La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, estimó que la relación laboral entre los obreros de las empresas eléctricas y sus directivos debe estar regida por el Código de Trabajo, pero estará sometida a la fiscalización estatal.
En una consulta elevada por el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, la procuradora Fletcher es de la consideración que la creación de estas empresas con características muy particulares que fueron creadas por el Estado están bajo la formalidad del derecho privado y deben regirse por normas del Código Laboral.
También señala que estas empresas tendrán a su cargo la elaboración de su propio presupuesto y establecer las políticas financieras de inversiones de personal y de sus adquisiciones necesarias para el buen desempeño de la empresa.
No obstante, señala que su presupuesto anual deberá ser equilibrado y estará incorporado al presupuesto General del Estado y tendrá que cumplir lo establecido por la ley, en donde se establece que la Junta Directiva de la empresa deberá aprobar el presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente, a más tardar el 15 de julio de cada año, que a su vez deberá ser remitido al Organo Ejecutivo para su debida consideración y aprobación.
Alegó que en atención a ello debe ser la Junta Directiva de las empresas quien debe manejar todo lo relativo a la planeación y aprobación de su presupuesto, por lo que deberán aplicarse todas las normas del derecho privado.
A la vez señaló que en determinados aspectos, algunas sociedades anónimas están sometidas a la fiscalización de la autoridad estatal y en este caso debe seguirse lo establecido por la ley.
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