El centro penitenciario ubicado en la isla de Coiba será desmantelado sin ningún problema en el plazo que ha sido concedido, dijo ayer el ministro de Gobierno y Justicia, Aníbal Salas.
De acuerdo con Salas, los 75 prisioneros que continúan en Coiba no representan problema para el Sistema Penitenciario Nacional que deberá absorberlos luego del cierre del penal.
La Asamblea Legislativa anunció que el centro penal de Coiba debía ser clausurado en el plazo de un año debido a que la isla, la más grande del Pacífico americano, se convertirá en una reserva biológica, cuya protección estará a cargo de las autoridades ambientales locales.
El ministro sostuvo que el desmantelamiento del centro es un proceso que se viene realizando desde la administración del ex presidente Guillermo Endara, cuando Coiba fue designado parque nacional.
Salas consideró prudente el plazo establecido para la salida de todos los reos que se encuentran en la isla, así como del personal de custodia de la Policía Nacional.
Dijo que el número de detenido en Coiba, comparados con los 11 mil presos de las cárceles panameñas, no deben representar inconveniente al ya agudizado problema de hacinamiento carcelario e indicó que la reubicación de los detenidos, todos condenados, dependerá del área donde residan o el sitio donde cometieron el delito.
Para la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, desde el punto de vista de lo que establece la Constitución, todas las personas pueden acceder a las playas como un derecho reconocido por la Carta Magna e indicó que es "aceptable" el cobro que se hace en algunas playas para el ingreso de carros, aun cuando no está establecido como un impuesto, sino como una contribución para asegurar su limpieza.
Manifestó que ese cobro les corresponde a las autoridades municipales, ya que según dijo los que asisten a una playa disfrutan de ella, pero no se ocupan de la limpieza.
Expresó, sin embargo, que los dineros recaudados deben ser aprovechados por las alcaldías y juntas comunales. "Yo estaría segura que la gente daría la contribución si se le da servicio sanitarios, duchas y otras ventajas".
Manifestó que ya se ha comunicado con las autoridades municipales y se les ha sugerido que siempre y cuando se le ofrezca un buen servicio al ciudadano, lo más probable es que estén dispuestos a colaborar.
Indicó además que si se está cobrando para ingresar a las playas y asegurar su limpieza, ese dinero debe destinase precisamente a contratar obreros que tengan limpias las playas. "Esa es una exhortación que hemos hecho a los representantes, los alcaldes y a las juntas comunales. Hay que asegurarse principalmente de tener las playas limpias", destacó.
Señaló que los acuerdos municipales que han autorizado los cobros son legales. "Mientras no se les impugne ante la Sala Tercera que lo declare ilegal, jurídicamente es válido", dijo.
Sin embargo, enfatizó que el principio es que se garantice un ambiente de higiene. "A mí no me parece mal que se cobre, siempre y cuando se garantice la limpieza de la playa y que se pudieran ofrecer otras facilidades".
Montenegro de Fletcher recomendó además a los alcaldes y representantes que traten de unificar los montos de los cobros que se hacen a la entrada de las diferentes playas, puesto que en cada un se cobra un monto diferente.
Partiendo desde los propios inspectores en las diversas playas, la fuga de ingresos puede producirse, puesto que este funcionario es el único que se encuentra registrando la llegada de vehículos y es él mismo quien tiene que brindar un informe en Tesorería sobre lo recaudado.
Según el inspector de la playa La Ensenada de San Carlos, Hernán Roberto Muñoz, el sábado 6 de abril, siendo verano y fin de semana, "no cobró ni un dólar", pero los visitantes el domingo 7, superaban las 50 personas, muchas de las cuales habían entrado en vehículos a motor.
De acuerdo con Salazar, el inspector Muñoz fue nombrado por medio de un contrato donde cobra por quincena un 10% de lo que recauda. "El inspector cobra con una libreta numerada los sábados y domingos y el lunes tiene que rendir un informe al tesorero que verifica los recibos con el dinero entregado".
El dinero recaudado dijo, va directo a los fondos del municipio para obras sociales a fin de apoyar a los comedores escolares y el deporte, entre otras actividades, y también para la limpieza de las playas.
Aunque Salazar asegura que se utiliza ese dinero para pagarle a varios funcionarios de limpieza, policía y otros, el inspector de la propia playa Hernán Roberto Muñoz, expresó su molestia porque han pasado tres meses y no se le ha pagado el trabajo que ha hecho durante este verano.
Para la Procuradora de la Administración, el control fiscal de los municipios en la Contraloría tiene que vigilar que los recursos de los municipios se manejen como debe ser y se utilicen para las actividades y los servicios que la comunidad necesita.
De acuerdo con Aquilina Muñoz, corregidora de San José de San Carlos, los dineros son fiscalizados por la tesorera de la Junta Comunal, quien envía el control a Contraloría en Chame. La Tesorería informa de los ingresos y egresos de esos recursos. "Tenemos que hacer un informe de los gastos, por mes, del dinero que se usa para obras sociales, e incluso rendimos un informe a la comunidad de lo que se recauda y lo que se gasta", destacó.
En este sentido, de acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, (UNCUREPA) Pedro Acosta, debe haber un control fiscal más estricto donde se compruebe que los dineros que cobraron sean utilizados para fines específicos. "Porque las quejas de los usuarios son que las playas siguen sucias, los estacionamientos no sirven, les roban en los carros; te cobran un dinero que nadie sabe a dónde va a dar".
Lo cierto es que se está cobrando una tarifa en estas playas, considerada por los bañistas como muy alta y las mejoras brillan por su ausencia. Quienes asisten a los balnearios esperan disfrutar de una playa limpia y con las comodidades básicas que se merecen.
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