Colaboradora de Mireya Moscoso en planilla 172 de Leandro Ávila

La expresidenta de la República, Mireya Moscoso ordenó la destitución de una trabajadora de su residencia en Boquete en la provincia de Chiriquí, tras confirmar que la misma estaba relacionada a auditorías que adelanta la Contraloría de la República por supuestas irregularidades en el manejo de planillas de la Asamblea Nacional.

Este comunicado, me lo acaba de enviar la ex presidenta Doña Mireya Moscoso. pic.twitter.com/ghGYxZHJTC

— Juan Carlos Tapia (@JCTapiaLMB) 3 de julio de 2018

La trabajadora identificada como, Mireya Jurado Gómez y que laboró por más de 10 años para la exmandataria, se habría beneficiado de tres contratos de servicios profesionales entre 2015 y 2016, específicamente en la planilla 172 del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Leandro Ávila.

Ávila defendió la contración de Jurado y respondió a los cuestionamientos sobre la contratación fuera de su circuito.

Esta es la verdad pic.twitter.com/KEOlQUAQAo— Leandro Ávila (@LeandroAvilaPRD) 3 de julio de 2018

Señaló que de acuerdo al Manual Presupuestario que rigen en el sector público, toda las personas que estén bajo esta modalidad no requieren de marcación de asistencia, ni están sujetas a determinadas horas de trabajo, igual su servicio lo puede brindar en cualquier parte del territorio nacional; este sistema de contratación obliga al trabajador a rendir un informe de sus gestión, indicó el perredista.

Ávila también lamentó que se esté intentando desmeritar a Jurado por ser una trabajadora doméstica.'Esta condición no le impide tener capacidad para analizar y desarrollar otras tareas comunitaria', advirtió.

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En un comunicado, la exmadataria aseguró haber enviado toda la información solicitada por parte de la Contraloría General.

La Contraloría de la República realiza auditoría a la planillas 080 y 172 de la Asamblea Nacional por supuestas irregularidades en las contrataciones por parte de los diputados. La actuación del contralor Federico Humbert  ha sido cuestionada por diputados que lo han calificado como una herramienta política del Ejecutivo para ejercer presión sobre este Órgano del Estado.