Los estudiantes y padres de familia no están obligados a comprar útiles escolares, textos y uniformes a las escuelas privadas, reiteró la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC).
El comisionado Gustavo Paredes señaló que no hay forma legal de que un colegio pueda obligar a un padre de familia a comprar forzosamente un determinado producto escolar, a menos que haya un compromiso previo.
Precisó que si hay alguna norma dentro del contrato de servicios educativos que señale que los alumnos y padres de familia están obligados a comprar determinados bienes al colegio, "yo creo que estaríamos frente a una cláusula abusiva".
Paredes dijo que si la CLICAC recibe una queja por esta situación, cabría una demanda contra esta cláusula ante los tribunales de justicia.
Además, tal vez quieren que el país abra el cerco que le tiene a la carne procedente de ese país, por la enfermedad de las vacas locas, apuntó el expresidente de APEX.
Pero, sí Estados Unidos tiene queja de los aranceles panameños, los exportadores nacionales también tienen su clamor, Selles acotó que actualmente están confrontando muchos problemas con las barreras fitosanitarias y de bioterrismo que ha impuesto este país a todos sus socios comerciales.
Daniel Vega, director ejecutivo del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) apoya la posición de los exportadores.
Vega reconoció que en algunos sectores los aranceles están por arriba del promedio pactados en los acuerdos de desgravación que se establecieron en la OMC, especialmente en el sector agro.
Pero consideró que "éstos no deben considerarse barreras restrictivas, son aranceles pactados y de ninguna manera perjudican".
En el período del expresidente Ernesto Pérez Balladares se estableció el sentido contrario con una rebaja drástica de los aranceles a los productos incluyendo los agrícolas por debajo del nivel pactado.
En consecuencia, esta medida provocó el cierre de muchas industrias como las del calzado y la ropa con el despido consecuente de personas.
Insistió en que la presentación del informe es una medida de presión para que Panamá acelere su proceso de desgravación de aranceles acordados con la OMC.
Sin embargo, el director ejecutivo del SIP manifesto "que tenemos el derecho a mantenernos según lo pactado porque una rebaja drástica como se hizo con el anterior gobierno (de Pérez Balladares) sería fatal para el país".
En su lugar, recomendó al gobierno mantener el ritmo de los acuerdos de desgravación especialmente los que protegen al sector agrícola.
"Si Panamá cede habrá un shock y las empresas que habín invertido en sector agro se irían" dijo.
Adicional indicó que sería una decisión inoportuna reconsiderar una rebaja de aranceles porque Panamá esta en un proceso electoral.
Mientras, la presidenta de l Grupo de Agroexportadores de Panamá (GANTRAP) destacó que Panamá trabaja con los aranceles pactados por la OMC, y es EU quien pone medidas restrictivas o fitosanitarias que impiden exportar.
Por su parte el economista Horacio Estribí explicó que tal vez lo que el estudio busca es abrir el mercado actualmente protegido.
Agregó que Panamá tiene un estructura arancelaria dual, es decir, que tienen aranceles muy bajos para la importación de algunos productos como los tecnológicos, electrónicos entre otros.
Pero a la par mantiene aranceles altos o barreras arancelarias, como las cuotas y contingentes de introducción en algunos rubros agrícolas e industriales los cuales afectan a productores de otros países.
