Ante la situación que viven las cárceles panameñas, el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Justicia y la misión diplomática de esa nación, tramita la repatriación de por lo menos cincuenta ciudadanos de ese país que fueron condenados por tribunales panameños y que permanecen recluidos en penales nacionales.
Ramón Martínez, embajador de Colombia en Panamá, informó que esta repatriación se pretende sobre base de un convenio bilateral de intercambio de reos que permite que después de cumplida cierta parte de la pena, los detenidos viajen a su país de origen donde deben terminar de cumplir su pena.
Solicitó paciencia a los presos colombianos y les recordó que este asunto requiere su tiempo porque involucra muchos trámites, ya que en el mismo intervienen diferentes instituciones de dos gobiernos distintos.
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Felipe Cano, indicó que esta instancia pretende investigar lo que sucede actualmente con los presos extranjeros que se mantienen en huelga de hambre desde hace varios días.
El legislador Cano en los últimos meses ha realizado diversas giras a las cárceles nacionales y ha criticado el hacinamiento que hay en estos penales, además de otras condiciones existentes en los centros penitenciarios que atentan contra los derechos humanos de estas personas.
Cano, en compañía de un grupo de legisladores y periodistas de diversos medios de comunicación social, trató de ingresar el sábado pasado a La Joyita y no se le permitió el acceso por instrucciones de la Dirección de Corrección, instancia que se encarga de la administración y manejo de las cárceles.
Ante esta situación, los legisladores planean citar al ministro de Gobierno, Winston Spadafora y a la directora nacional de Corrección, Concepción Corro, a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, a fin de que expliquen por qué la huelga de hambre de los reos internacionales y qué se ha hecho al respecto.
El legislador Cano ha denunciado en las últimas semanas los niveles de corrupción existentes en los penales, lo cual ha sido refutado por la directora nacional de Corrección.
