Aún persisten las conspiraciones contra la seguridad jurídica y financiera de Petroterminal de Panamá, S.A., (PTP) por parte de abogados inescrupulosos, denunciaron ayer directivos de esta empresa y miembros de la Cámara de Comercio e Industrias.
Sin precisar nombres, Luis Roquebert, gerente de la empresa PTP, cuestionó duramente "la especulación de grupos y personas que sólo buscan el interés propio, promoviendo una suspensión ilegal de la pesca en perjuicio de poblaciones indígenas, que so pretexto de compensaciones millonarias están siendo manipuladas".
Hasta el momento, la empresa PTP ha desembolsado B/.4 millones en los programas de reconstrucción, rehabilitación y monitoreo de las áreas afectadas. Asimismo, pretende sembrar 10 hectáreas de manglares en los próximos 4 años, independientemente que se hayan afectados 5 hectáreas.
"Jamás hemos negado el incidente del 4 de febrero pasado y desde un principio hemos aceptado nuestra responsabilidad", dijo con firmeza Roquebert, quien no descartó la posibilidad de presentar una contrademanda contra los querellantes.
El empresario sostuvo que en este momento no hay contaminación en las áreas del derrame de petróleo y para corroborar este dato, mostró certificaciones del Ministerio de Salud (MINSA) y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Por su parte, Inocencio Galindo y Venancio Caballero, miembros de la Cámara de Comercio de Panamá y Chiriquí, respectivamente, pidieron al Gobierno agilizar las investigaciones con total transparencia para elevar la imagen del país en materia de seguridad jurídica.
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