Los legisladores perredistas Arcelio Batista, Manuel De La Hoz y el arnulfista José I. Blandón figuran como los posibles candidatos a la presidencia de la Asamblea Legislativa para el período que se inicia el primero de septiembre próximo.
De acuerdo con una fuente, estos legisladores figuran como los favoritos para ocupar la presidencia de ese órgano estatal en el próximo período que se avecina y podrían recibir el visto bueno de la mandataria de la República, Mireya Moscoso.
Otros legislador de la facción oficialista que se menciona es Alcibiades Vásquez, quien funge actualmente como vicepresidente del Organo Legislativo.
Mientras que la oposición podría postular al legislador de San Miguelito, Felipe Cano, quien contaría con el apoyo de sus copartidarios.
La primera semana de agosto se definirá cuál será el presidente del último período de la actual legislatura, luego de que concluyan las negociaciones entre las diferentes bancadas.
Se espera que durante el próximo período la productividad de la Asamblea Legislativa disminuya aún más por la cercanía de la campaña proselitista, pues la mayoría de los legisladores se retiran a sus comunidades a buscar el voto para su reelección.
Sin embargo, consideró que los representantes de otras entidades que intervienen en esta aprobación buscan escudarse en la Dirección Municipal para evitar responsabilidades en la fiscalización del cumplimiento de los planos de las urbanizaciones.
"Nosotros fiscalizamos en la medida de nuestras posibilidades, porque no contamos con recursos económicos ni de personal para prever esta situación", dijo Lorenzo.
Aseguró que no pretende eludir responsabilidades, pero lo ocurrido con las inundaciones de algunas barriadas en Arraiján, es producto de la naturaleza y no porque se haya obviado una inspección a las urbanizaciones.
"Nosotros aprobamos planos que prácticamente vienen avalados por las instituciones que conforman la ventanilla única", dijo.
El ingeniero señaló que las inundaciones ocurren porque los ríos no se dragan, pues personal municipal constató durante un recorrido que el problema no se dio en un punto específico.
Expresó que se debe realizar una inspección para determinar si en el área las aguas que van a los ríos han aumentando producto de la cantidad de viviendas, lo que provoca que las vertientes crezcan y se den inundaciones.
"Ya es tiempo de que al distrito se le mire con responsabilidad por el aumento de la población como consecuencia de la creación de nuevas barriadas", señaló.
Otro de los problemas que enfrenta el distrito es que no existe un estudio o plan de desarrollo integral que zonifique las áreas residenciales, comerciales o industriales y que especifique qué terrenos se pueden utilizar.
No obstante, Denis Hernández, jefe de Planificación de Centro Urbano, dijo que la aprobación de estos planos para las zonas residenciales se da de acuerdo a la intensidad de habitantes y del tipo de infraestructura por la cual se evacuarán las aguas servidas y las pluviales.
Aclaró que el MIVI establece las normas y hace las propuestas, pero finalmente es el municipio que tiene que fiscalizar que se haya construido de acuerdo con los planos aprobados.
En tanto, Bríspulo Hernández, del Centro de Investigación Hidráulica de la Universidad Tecnológica de Panamá, recomendó, tras un reciente estudio, eliminar los árboles en aquéllas construcciones muy cercanas a los ríos, pues éstos impiden, al igual que los desechos sólidos, el recorrido de las aguas.
Denunció la falta de dragado en los ríos que se desbordaron el sábado en Arraiján, lo que fue comprobado en un recorrido por el área de las inundaciones.
Para Hernández, en el área no se presentan solamente los problemas de falta de dragado de los ríos, sino también el irrespeto de las servidumbres, aunado a la construcción de calles de concreto o asfalto.
Otro aspecto que incide en las inundaciones es la construcción de tanques sépticos fuera de las disposiciones sanitarias, situación que es más grave aún, pues las aguas servidas contaminan las fuentes del vital líquido.
Por su parte, el ingeniero Vicente González, de la Dirección de Calidad de Agua del Ministerio de Salud, dijo que la norma de agua residual aprobada en el 2000, obliga a la colocación de plantas de tratamiento y elimina los tanques sépticos.
No obstante, aún existen proyectos que están en aprobación que mantienen los tanques sépticos, pero a éstos se les exige la colocación de filtros para controlar que las aguas no lleguen "crudas".
Asimismo, denunció que estos tanques deben estar colocados a una distancia mínima de 10 metros de distancia desde la orilla del río, pero que muchas constructoras están faltando a estos estándares.
Cabe destacar que el MIVI, conjuntamente con la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), designó una comisión interinstitucional que evaluará las causas directas e indirectas que provocaron las inundaciones.
Esta comisión debe entregar este informe a más tardar en 30 días, con las recomendaciones para que eventos similares no se vuelvan a repetir.
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