La Fiscalía Cuarta Superior allanó por segunda ocasión en menos de un mes a la Comisión de la Verdad, esta vez en busca del disco duro de una computadora con información sobre las operaciones Eagle I, II y III.
Mientras que una petición de medida cautelar a favor del presidente de la comisión, Alberto Almanza, fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Almanza presentó la petición de protección el 25 de junio pasado y audiencia de sustentación de dicha solicitud y comunicación de la lesión sufrida por la comisión ante la CIDH.
En tanto, la asesora legal de la Comisión de la Verdad, Marielena Valdés, reveló que la acción de la fiscalía tiene su génesis en la declaración de la testigo Lina Veloce Toral que fue destituida de ese organismo por mantener un doble salario.
Valdés explicó que durante la diligencia realizada en la tarde de ayer los funcionarios de la fiscalía buscaron información, que previamente ya había obtenido de manera escrita para cuya consecución se les prestó toda la colaboración. Sin embargo, calificó la actitud asumida por el Ministerio Público como persecución, ya que en la diligencia anterior practicada por ese mismo despacho se brindó toda la información archivada sobre las operaciones Eagle I, II y III.
A la vez reveló que otros dos ex integrantes de la comisión destituidos por irregularidades en el desarrollo de sus actividades son las personas que están brindando información al Ministerio Público dentro de las pesquisas.
En varios testimonios de dos antropólogos que laboraron en la Comisión de la Verdad, éstos han asegurado haber observado a Anderson cuando plantaba los huesos durante las excavaciones.
Ante esta situación, la Relatoría insta al Organo Legislativo a adecuar la legislación conforme las recomendaciones que surgen del presente informe.
Según el informe, las leyes de desacato destinadas a proteger el honor de los funcionarios públicos que actúan en carácter oficial, les otorga injustificadamente una protección de la que no disponen los demás integrantes de la sociedad.
"De manera que una norma que obligue al crítico de los funcionarios públicos a garantizar las afirmaciones fácticas tiene consecuencias perturbadoras para la crítica de la conducta gubernamental", plantea.
Destaca el informe que para asegurar la adecuada defensa de la libertad de expresión, los Estados deben reformar sus leyes sobre difamación, injurias y calumnias en forma tal que sólo puedan aplicarse sanciones civiles en el caso de ofensas a funcionarios públicos.
La Relatoría reitera que Panamá todavía no ha adecuado sus leyes sobre privacidad y la protección del honor y la reputación conforme con los principios de la distinción entre las personas públicas, las personas privadas y la real malicia.
Sostiene que el Gobierno ha dejado abierto el debate de la despenalización o no de los tipos de calumnia e injuria y ha promovido el estudio de este controvertido tema, dejándolo en manos de una Comisión Técnica, de la cual estará muy atento la Relatoría.
Considera que las estadísticas de periodistas procesados demuestra la utilización de la legislación sobre difamación y libelo para silenciar críticas contra la administración de los asuntos públicos. De los 90 casos contra periodistas o comunicadores se dictaron sentencia de condena en 13, absoluciones en 6, sobreseimientos en 23 y en 5 casos, el denunciante desistió.
Otra de las preocupaciones de la Relatoría es algunas restricciones del Tribunal Electoral como el artículo 178 del Código Electoral que establece la prohibición de publicar las encuestas diez días antes de la elección o consulta electoral. Así como también, que las encuestas deben ser previamente registradas ante el Tribunal Electoral antes de ser divulgadas públicamente.
Al respecto el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Marcos Castillo afirmó que hará un llamado al Organo Ejecutivo, Legislativo y dueños de medios para ver como se confecciona un proyecto de ley que derogue las leyes restrictivas a la libertad de expresión, pero a su vez que vaya acompañado de una norma que regule la profesión del periodista.
"Vamos a ver como se hace una cosa equitativa e integral en el Consejo Nacional del Periodismo donde también están representados los dueños de medios y esto sea presentado al actual Gobierno o al próximo", anotó.
Indicó ojalá el Ejecutivo y Legislativo empiecen a revisar las leyes vigentes para eliminarlas y cumplir así la deuda que tienen con el país.
"El Gobierno y Legislativo deben ponerse al día con el tema de la libertad de expresión, así como se preocupan por las regulaciones de las Instituciones Financieras Internacionales que también lo hagan en materia de libertad de expresión", señaló.
Por su parte, el catedrático Miguel Antonio Bernal apuntó que el informe es positivo y contribuirá que las autoridades y la ciudadanía en general respete más la libertad de expresión.
Sentenció que el Gobierno mantiene una persecución contra los periodistas, porque hay más de 90 periodistas condenados y no ha cumplido con la derogación de las leyes que se convierten en una restricción para el ejercicio del Periodismo.
Exhortó a todos los ciudadanos a que vigilen que exista una plena libertad de expresión en el país y no se dejen intimidar, sino que sigan denunciando a los funcionarios.
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