La Comisión Institucional de la Verdad pedirá al Ministerio Público la reapertura de las investigaciones de los expedientes de desaparecidos declaradas prescritas, basándose en un fallo emitido por el magistrado César Pereira Burgos, donde confirma los conceptos de no prescripción de los delitos contra los derechos humanos.
La directora de apoyo legal de la referida comisión, María Elena Valdés, explicó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la ponencia de Burgos, falló el 16 de diciembre del año pasado la no concurrencia de la prescripción en el caso del homicidio del dirigente sindical José Del Carmen Tuñón, ocurrido hace 35 años.
Para los integrantes de la comisión, la decisión crea la jurisprudencia para los delitos contra los derechos humanos y abre el ciclo de nuevas, efectivas e imparciales investigaciones, dándole un giro a la negación de justicia y derecho a saber la verdad a los familiares acerca de lo ocurrido a las víctimas de la dictadura militar.
Para Valdés los responsables de los delitos y las autoridades encubridoras y que no quisieron llevar hasta el final estas investigaciones, deben ser responsabilizados y enjuiciados por su silencio cómplice mantenido durante más de 30 años.
La Comisión de la Verdad ha entregado unos 110 expedientes al Ministerio Público, y según su presidente Alberto Almanza, el 95% de estos casos deberían ser abiertos y continuar su investigación hasta esclarecer la muerte de estas personas.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
