La presidenta de la República, Mireya Moscoso, creó una Comisión Conjunta Gobierno-Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), que tendrá a su cargo evaluar opciones para el desarrollo del proyecto de Ciudad Gubernamental y recomendar al Organo Ejecutivo las medidas tendientes a ejecutar de resultar éste viable.
La comisión estará integrada por el segundo vicepresidente de la República, Kaiser Bazán, quien fungirá como Asesor; el Ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, coordinador; el titular de Obras Públicas, Moisés Castillo y el de Trabajo y Desarrollo Laboral, Joaquín Vallarino, quienes representarán al sector público.
También la integrarán el Administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica, Alfredo Arias y el viceministro de Finanzas, Norberto Delgado.
Mientras que como representantes de la CAPAC participarán su presidente, Rogelio Alemán, Manuel González Ruiz, José A. Sosa, José F. Jelensky, Eduardo Rodríguez y Arturo Tapia.
El decreto ejecutivo que establece la creación de esta comisión, señala que podrán integrarse distintas comisiones especializadas para tratar aspectos de carácter financiero, técnico y legal relacionadas con el proyecto.
Destaca que por solicitud del gobierno nacional, la CAPAC elaboró un estudio de factibilidad técnica-económica del proyecto de Ciudad Gubernamental.
Esta ciudad gubernamental tendría como objetivo centralizar el funcionamiento del gobierno e instalaciones ubicadas y diseñadas especialmente para este propósito, así como también la centralización de las entidades públicas en un área determinada, de conformidad con un modelo de planificación urbana que las integre al resto de la ciudad.
Otro propósito de este proyecto sería lograr un mejor desempeño de la gestión gubernamental y hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos a la población panameña.El objetivo del gobierno es desarrollar proyectos que procuren la contención del gasto público y surtan sus efectos a mediano y a largo plazo, siendo uno de ellos contar con instalaciones de propiedad del Estado donde ubicar a las dependencias gubernamentales.
El Gobierno Nacional paga entre B/. 20 y 25 millones al año, en concepto de cánones de arrendamiento de las instalaciones que utiliza como oficinas públicas.
