Transparencia cuestionó también la eliminación del delito referente al recibo de dinero por parte del funcionario u otros beneficios en consideración del cargo.
Además, se eliminó el delito de soborno a servidores públicos de otros estados o a funcionarios de organizaciones internacionales públicas, por parte de cualquier persona establecida en Panamá, tipificación delictiva que aseguran está claramente plasmada en el artículo VII de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Considera que hasta el momento la propuesta de reformas al Código Penal no define conceptos claros que faciliten la lucha contra la corrupción generada desde el sector privado local e internacional, lo que calificaron como grave.
"Creemos que el texto considerado hasta el momento, no satisface completamente las necesidades de un sistema nacional de integridad que proteja los recursos públicos y privados en nuestro país", indica el comunicado.
Transparencia instó a la Comisión Codificadora, nombrada por el Ejecutivo, a respetar los acuerdos logrados por el Pacto de Estado por la Justicia, surgidos como consecuencia de un lamentable escándalo de corrupción en el Órgano Judicial.
Al ser consultada la presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional, Angélica Maytín, dijo desconocer los últimos cambios al Proyecto de Código Penal aprobados en Consejo de Gabinete.
Los integrantes del organismo expresaron su confianza en que las modificaciones acogidas por el Consejo de Gabinete hayan considerado la gravedad de todas las observaciones que la comunidad hace sobre la propuesta original, de lo contrario esperarán que los diputados, que componen la Asamblea Nacional, las incluyan durante el proceso de discusión pública.
El abogado y miembro de la Comisión Codificadora, José Acevedo, negó los planteamientos de Trasparencia Internacional, afirmando que sí se hicieron los cambios sugeridos al nuevo Código Penal.
"Eso es totalmente falso, porque ellos no han visto ese documento, que todavía no se ha hecho público. Nosotros nos reunimos con la secretaria de la Oficina Anticorrupción, Alma Montenegro de Fletcher, y las propuestas de ellos todas fueron incorporadas al nuevo documento. Nos fuimos más allá, nos fuimos a la última Convención de Viena contra la Corrupción".
Aseguró que el nuevo Código elimina la exigencia de las pruebas sumarias para poder investigar un presunto caso de corrupción, y entre otras cosas, responsabiliza a los funcionarios por no ejercer adecuadamente los controles para evitar actos de corrupción, penaliza además los fraudes en las licitaciones o manipulaciones en las licitaciones públicas y concursos de precios.
Para los efectos de la acción penal también hay una suspensión en el ejercicio del cargo si se es funcionario y no va a prescribir fácilmente el delito sobre supuestos actos de corrupción, explicó.
Aseguró que incluye sanciones para aquellos funcionarios que reciban beneficios por retardar u omitir un acto propio de sus funciones o contrario a sus deberes.
"Con este Código tendremos un tipo penal más amplio que castiga el enriquecimiento ilícito, incluso hasta en momentos en que se encuentre dinero o bienes posterior al ejercicio de sus funciones y que no pueda el ex funcionario justificar", enfatizó.
Materiales de construcción, decoración, la presencia en el aire de compuestos, polvos y fibras (asbestos, vidrio), pruducen contaminación.
